La Comisión Asesora para la Política Pública de Justicia indicó hoy que continúa trabajando en la formulación de recomendaciones al Gobierno para una reforma constitucional y estatutaria en materia de administración de justicia. De igual manera, la comisión agregó que no ha debatido o propuesto modificación alguna a las funciones constitucionales del Fiscal General o de la Fiscalía que puedan implicar la derogación del sistema penal acusatorio o el retorno al esquema de investigación y juzgamiento previsto en la Ley 600 del 2000. Finalmente, esta instancia insistió que es consciente de las críticas que desde distintos sectores se han formulado al funcionamiento del sistema penal acusatorio y pese a ello no ha propuesto reforma procedimental alguna. “Los proyectos de reforma legal de los que la comisión tiene conocimiento han sido impulsados por el propio ente de investigación y de la Corte Suprema de Justicia”, puntualizó la instancia.