Un juez de restitución de tierras de Mocoa (Putumayo) determinó que los planes para garantizar el retorno seguro de las víctimas de la violencia a sus tierras deben estar finiquitados desde que la Unidad de Restitución de Tierras (URT) microfocaliza las regiones, es decir, desde que identifica geográficamente los casos de desplazamiento y despojo.

Con estos argumentos, les llamó la atención a las autoridades de Putumayo y del municipio Valle de Guamuez, por no haber diseñado las estrategias necesarias para garantizar esta tarea y no incluir a la comunidad en la elaboración de la herramienta.

El juez le dio un plazo de seis meses a la URT, para que prepare el plan de retorno, incluyendo a Corpoamazonia. Con estas previsiones, ordenó la restitución del predio La Caya, abandonado por una familia a raíz del miedo que le generó el enfrentamiento entre paramilitares y guerrilleros en la vereda La Esmeralda, en junio del 2000.

El funcionario recordó que el hecho de que las víctimas hayan intentado volver al predio no implica que desaparezca la calificación de despojo o abandono forzado.

Además, señaló que es obligación de las entidades del Estado, tanto del orden nacional como territorial, trabajar en forma articulada, coherente, participativa, y progresiva en la ejecución de estos planes.

En lo que se refiere a la URT, sostuvo que una de sus responsabilidades es diseñar esquemas de apoyo pos-restitución, que es la medida preferente de reparación integral para las víctimas.