La Sección Primera del Consejo de Estado afirmó que el cambio de naturaleza jurídica de una entidad no le permite desconocer las obligaciones asumidas previamente. A juicio de la corporación, la transformación de un establecimiento público en una empresa industrial y comercial del Estado no la exime de cumplir con el pasivo y demás obligaciones adquiridas y que se encuentran pendientes. El consejero Guillermo Vargas salvó el voto (C. P. María Elizabeth González).