La Corte Constitucional declaró exequible la ley mediante la cual se aprobó la adhesión del Estado colombiano al Convenio sobre trabajo decente para quienes se dedican a tareas domésticas (Ley 1595 del 2012). El tratado establece obligaciones para que se produzcan mecanismos institucionales que garanticen los derechos laborales de este tipo de empleados, como la libertad de asociación sindical, reconocimiento efectivo de la negociación colectiva, eliminación del trabajo forzoso y abolición del trabajo infantil; frente a este último punto, el convenio obliga a establecer una edad mínima para dedicarse a estas labores, que no puede ser inferior a la reconocida por regla general en la legislación interna para cualquier empleo y no puede interferir con el proceso de formación académica del trabajador, ni privarlo del acceso a la educación superior (M. P. Luis Ernesto Vargas).