La Contraloría General de la República informó que la ausencia de control frente a los bienes que se incautan a favor del Estado implica una lesión para los ingresos que debe percibir el Fondo de Rehabilitación, Inversión Social y Lucha contra el Crimen Organizado (Frisco) por la explotación de los bienes bajo su transitoria administración y esto, en algunos casos, termina beneficiando a empresas depositarias de propiedades confiscadas. El ente de control expuso varios ejemplos, entre ellos un contrato de arrendamiento por $ 1 millón mensual de un predio de 442 hectáreas entregado a la empresa cementera Cemex, que fue incautado en 2013, a unas sociedades mineras en el municipio de Maceo (Antioquia), donde, además del uso de los predios y sus anexidades, en la práctica se encuentra incluida su explotación y el uso y goce del título minero.