Luego de evaluar la gestión económica, jurídica, contractual, técnica y financiera del proceso de traslado de las sedes centrales de la Contraloría General de la República (CGR) y del Fondo de Bienestar Social de ese organismo, la Auditoría General de la República formuló hallazgos disciplinarios, administrativos, penales y fiscales que superan los $ 76.400 millones. La Auditoría estableció que aunque el ente de control y la Nación acordaron el traslado temporal para adecuar, modernizar y conservar las antiguas sedes de la entidad, no se llevaron a cabo las acciones necesarias para cumplir a cabalidad con ese compromiso por causas imputables directamente a la CGR. Por ejemplo, no había garantizado la realización de la evaluación diagnóstica integral de las edificaciones, destinada a identificar las obras y adecuaciones a ejecutar en caso de ser necesarias y vendió los inmuebles sin saber con precisión si eran o no funcionales para el desarrollo de sus actividades misionales. Por tal razón, los recursos públicos destinados al pago de contratos de arrendamiento de la nueva sede y los contratos conexos no cumplieron, en criterio de la Auditoría General, con el fin propuesto, generando un presunto detrimento patrimonial superior a $ 54.091´327.959. También encontró que no existen elementos de juicio que permitan demostrar que resultaba más costoso adecuar las antiguas sedes que pagar el arrendamiento del nuevo sitio o adquirir uno nuevo. Adicionalmente, formuló hallazgo penal y disciplinario a la Contraloría por utilizar de manera inadecuada la figura de vigencias futuras para adquirir los bienes por adhesión y destinación.