Las asociaciones de usuarios que prestan servicios públicos domiciliarios están sujetas al control y vigilancia de la Superintendencia de Servicios Públicos, en cuanto tiene que ver con el desarrollo de su objeto social y en el marco de las competencias asignadas por la Ley 142 de 1994 (régimen de servicios públicos). Lo anterior, sin perjuicio de las facultades generales o de carácter especial que le han sido atribuidas a otras autoridades, entre ellas, a los gobernadores, alcaldes o a la Superintendencia de Economía Solidaria.