Colombia ya cuenta con una ley que busca prevenir las actividades de pesca que no cuenten con los permisos necesarios o que no cumplan con las medidas de administración, ordenación o conservación que impone la normativa vigente para este tipo de actividades. Dichas disposiciones no son aplicables a la pesca de subsistencia, la cual se realiza con el único fin de garantizar el mínimo vital para quien la realiza y su núcleo familiar. Entonces, se entenderá como infracción administrativa de pesca ilegal toda actividad realizada sin el permiso de las autoridades competentes. La potestad sancionatoria del Estado para este tipo de infracciones será la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca (Aunap) y la secretaría de agricultura de la entidad territorial que corresponda. Una de las sanciones será el decomiso de los productos altamente perecederos y de los equipos, artes y aparejos de pesca, los cuales podrán ser donados a entidades públicas, o destruidos.