Tras el hallazgo de los cuerpos de Mónica Molina y Carmen Cristina Garzón, dos guerrilleras del M-19 que participaron en la toma del Palacio de Justicia, cuyos cadáveres no habían sido identificados, el fiscal Eduardo Montealegre sostuvo que el organismo a su cargo continuará siguiéndole la pista a las demás personas que figuran como desaparecidas; a propósito, un reporte de Medicina Legal, fechado a seis meses de la tragedia, evidencia que solo varios días después de sucedidos los hechos empezaron a ser llevados los 94 cadáveres que fueron enterrados en una fosa común del Cementerio del Sur, donde fueron encontradas las alzadas en armas. El reporte, firmado por el director de la entidad de la época, Egon Lichtenberger, indica que solo hasta el 30 de noviembre de 1985, 23 días después de la toma, se terminó el traslado de los cuerpos, por orden del Juzgado de Instrucción Penal Militar a cargo del caso. El documento además advierte que solo 70 cadáveres fueron identificados y que 35 de ellos se encontraban carbonizados. Los 24 que no pudieron ser identificados, señala este reporte, también estaban en esas mismas condiciones de incineración.