El Consejo de Estado anuló un laudo arbitral por medio del cual el departamento del Valle había sido condenado al pago de unos $ 8.000 millones, por el supuesto incumplimiento de un contrato de consultoría para adelantar obras de infraestructura. Los hechos materia del proceso se refieren a un convenio en el que se adjudicaba a un consorcio una consultoría para adelantar obras de infraestructura; en él se incluía la promesa de la entidad territorial para comprometer a los contratistas ejecutantes de la obra a que pagaran el 2 % de la comisión de éxito a la consultora. El tribunal de arbitramento había responsabilizado al departamento porque los contratistas no cumplieron con la totalidad de lo acordado. El Consejo de Estado determinó que la obligación de la entidad se limitaba a garantizar que los ejecutores se comprometieran a entregar la comisión de éxito, no a su pago efectivo, de ahí que concluyera que la demandada no incurrió en incumplimiento, pues el pago efectivo de las obligaciones asumidas por terceros no era materia del contrato firmado (C.P. Jaime Orlando Santofimio).