La Procuraduría General de la Nación le presentó al Gobierno Nacional las conclusiones de la actuación preventiva adelantada con la población y entidades públicas de la región amazónica, que involucra a los sectores agrícola, ambiental, minero y de gestión territorial. Según el Ministerio Público, una de las prioridades es el combate a la minería ilegal, que representa graves consecuencias ambientales, sociales y económicas. En cuanto a los territorios indígenas, la entidad precisó que se ha pretendido desarrollar la figura de “zona minera indígena”, pero que estas comunidades generalmente no cuentan con la capacidad técnica para ejecutar actividades de esta naturaleza, viéndose obligadas a realizar concesiones a terceros para que las desarrollen. Finalmente, advirtió que es necesario incorporar la variable ambiental en los esquemas de ordenamiento territorial de los municipios amazónicos, para la definición del modelo de desarrollo minero que se requiere.