La Procuraduría General de la Nación advirtió que, en cumplimiento del Auto 275 del 2011, mediante el cual la Corte Constitucional le ordenó al Ministerio Público efectuar labores de seguimiento al esquema de metas de corto plazo elaborado a favor de la población de recicladores del Distrito Capital, se identificaron nuevamente inconsistencias entre los porcentajes de avance de cada objetivo y el cumplimiento de las metas fijadas en el plan propuesto. De igual forma, señaló que en cada trimestre la administración distrital reportó y registró nuevas actividades no previstas en el plan de inclusión remitido a la Corte Constitucional, lo cual impide determinar sus avances reales. “Tras dos años de implementación del plan de inclusión no se observan mayores avances en la estrategia de reglamentar e implementar el acuerdo del concejo que crea el comparendo ambiental”, agregó.