Esta iniciativa pretende luchar contra la explotación ilícita de yacimientos mineros, presente en 25 departamentos del territorio nacional. Se adicionaría el Código Penal para considerar como lavado de activos aquella conducta que destruya el medio ambiente con el propósito de favorecer a grupos criminales, este delito se castigaría con prisión de 10 a 30 años y multas de 1.000 a 50.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes (smmlv); la explotación ilícita de minerales se castigaría con prisión de 5 a 12 años y multa de 100 a 50.000 smmlv; mientras que el aprovechamiento ilícito de minerales daría lugar a una pena de 6 a 18 años de cárcel y la financiación del terrorismo se castigaría con pena de 13 a 22 años de prisión. Adicional a lo anterior, la maquinaria que sea utilizada en estas actividades sería destruida. Conozca la ponencia completa en el documento adjunto a la presente nota.