Improvisación, falta de concertación, falencias, competencia entre vendedores, regulación no clara e insuficiencia de estudios técnicos son algunas de las críticas planteadas en el Concejo de Bogotá en relación con el Decreto 456 del 2013, por el cual se adoptó el marco regulatorio de aprovechamiento económico del espacio público. Según la bancada del Polo Democrático y varios concejales, promotores del debate de control político sobre implicaciones económicas y sociales del cobro por el uso comercial del espacio público, la norma no incluye regulación clara para que grandes empresas o posibles beneficiarios paguen a la ciudad por aprovechamiento económico y es necesario iniciar un gran debate sobre el tema y crear una comisión accidental para realizar seguimiento a la aplicación de la norma.