Una acción de tutela, en donde se concedió el derecho a la consulta previa del resguardo indígena Carijona de Puerto Nare (Guaviare), sirvió de escenario a la Corte Constitucional para exhortar al Gobierno Nacional a examinar, de acuerdo a sus funciones legales y constitucionales, la posibilidad de reglamentar el programa de erradicación de cultivos ilícitos, considerando las profundas implicaciones que esta política tiene en los derechos fundamentales de las comunidades étnicas del país. Esto implicaría, entonces, mayores procesos de discusión, de control y de participación por parte de la sociedad civil en la construcción de decisiones, con mayor enfoque social y con el objetivo de proteger la salud de la población y el medio ambiente. Adicionalmente, sugirió la participación de un representante de las comunidades étnicas del país en el Consejo Nacional de Estupefacientes, de manera que este órgano pueda contar con la perspectiva de las comunidades, que son quienes más han sufrido con la ejecución de las políticas de erradicación de cultivos ilícitos (M. P. Jorge Iván Palacio).