Luego de que el Gobierno renegociara el contrato que le permite a la empresa Cerro Matoso S. A.  la explotación de ferroníquel en la mina de Montelíbano (Córdoba), la Contraloría General de la Nación insistió en que la compañía no cuenta con una licencia ambiental idónea para adelantar estos trabajos.

La entidad explicó que las consecuencias jurídicas de las decisiones que se tomen sobre el contrato escapan a su esfera de acción y se sitúan en la de la Procuraduría General de la Nación y los jueces de la República.

En todo caso, aseguró que todos los conceptos emitidos por ella se basaron en soportes técnicos idóneos, desarrollados por personal capacitado y con los recursos tecnológicos pertinentes. Además, aclaró que nunca participó en los procesos de negociación de prórrogas o condiciones al contrato de Cerro Matoso.

“Las únicas reuniones realizadas se desarrollaron dentro del marco del ejercicio de la Gestión Fiscal a las Regalías y cuyo resultado generó la apertura de un proceso de responsabilidad fiscal por $62 mil millones”, señaló el organismo.

La Contraloría aseguró que no solicitará una investigación disciplinaria ni demandará la legalidad del contrato, pues “desde un primer momento, la Procuraduría ha venido conociendo del asunto dentro de los procedimientos y con la perspectiva que ha considerado pertinente, de acuerdo al ámbito de sus funciones”.

El pasado viernes, el Ministerio de Minas indicó que, tras la nueva negociación con Cerro Matoso S. A., se contempla una inversión social directa en un proyecto de desarrollo regional por 18.000 millones, en los próximos tres años, y una inversión mínima obligatoria de 4.400 millones, en promedio anual.

Estos recursos serán ejecutados bajo estrictos mecanismos de rendición de cuentas, ante los habitantes y las autoridades de los municipios de Montelíbano, San José de Uré, Puerto Libertador y La Apartada. La inclusión de nuevas áreas de explotación al contrato deberá cumplir los requisitos de licencias ambientales pertinentes.

Adicionalmente, la cartera precisó que se establecen mayores controles ambientales, que involucran sus impactos en la comunidad. Así mismo, destacó que se garantiza el cumplimiento de la normativa laboral y de responsabilidad ambiental por parte de las empresas contratistas de Cerro Matoso S. A.

Por su parte, la contralora general de la República, Sandra Morelli, emitió  una función de advertencia a los ministerios del Medio Ambiente y de Minas y Energía sobre el riesgo que representa el hecho de que la empresa Cerro Matoso S. A. siga adelantando actividades mineras sin licencia ambiental.