Teniendo en cuenta que desde el año 2010, fecha en la que culminó el primer plazo de los contratos de concesión del servicio público de aseo en Bogotá, los diferentes operadores debieron proceder a cancelar a la ciudad el valor correspondiente a la utilización y explotación de los vehículos compactadores afectados, en virtud de la cláusula contractual de reversión, el Contralor Distrital señaló como no comprensible que la administración, después de tres años, no cuente con la titularidad y disponibilidad y que no haya ejercitado oportunamente acciones efectivas tendientes a ello. Así mismo, advirtió sobre los consecuentes riesgos en menoscabo del patrimonio público y de la continuidad en el servicio. La Alcaldía Mayor debe comunicarse al respecto.