El Consejo de Estado recordó que las comunidades afrocolombianas merecen especial protección por parte del Estado, más aun si son personas desplazadas. Se les debe asegurar el goce efectivo de los derechos individuales y colectivos, mediante la adopción y ejecución de medidas para tal fin, por ser personas que gozan de especial protección constitucional. Por tal razón, la Sección Cuarta amparó los derechos a la propiedad colectiva y a la restitución del derecho efectivo y material de los territorios a las comunidades de Curvaradó y Jiguamiandó, en el Chocó, vulnerados por la posesión y tenencia irregular de sus tierras por parte de personas naturales y jurídicas dedicadas a la explotación de la palma de aceite y a la ganadería. Según la sala, estos terrenos les fueron asignados por ley, pero luego de ser víctimas de desplazamiento se les despojó de sus territorios y por ende, del medio de vida que tenían (C. P. Martha Teresa Briceño de Valencia).