Con la Resolución 464, del pasado 29 de diciembre del 2017, el Gobierno busca planificar y gestionar la acción integral del Estado orientada al fortalecimiento de las capacidades sociales, económicas y políticas de los productores de la agricultura campesina, familiar y comunitaria (ACFC), sobre la base de un mejoramiento de la calidad de vida de la población rural y de la sostenibilidad de la producción agropecuaria. Así, la norma señala los principios orientadores de dicha política, entre ellos enfoque territorial, participación, integralidad, enfoque diferencial, asociatividad, entre otras. La implementación de estos lineamientos debe darse en el marco de estrategias integrales de desarrollo rural que propendan por el despliegue de las capacidades y potencialidades del territorio rural y sus habitantes, tanto a nivel individual como colectivo.