Mediante la Resolución 184, la Agencia Nacional para la Superación de la Pobreza Extrema adoptó la política de seguridad y definió los lineamientos frente al uso y manejo de la información. Esta política extiende su alcance a los funcionarios y contratistas de la agencia, recursos tecnológicos, la totalidad de los procesos y procedimientos institucionales requeridos para su gestión, a sus operadores y aliados, sean estos de carácter público o privado, así como a proveedores. Por lo anterior, los funcionarios o contratistas, cualquiera sea su nivel jerárquico dentro de la entidad, deberán firmar un acuerdo de confidencialidad o no divulgación, en lo que respecta al tratamiento de la información en los términos de la Ley 1581 del 2012 (Ley de Hábeas Data). Esta estrategia será revisada semestralmente, o antes si existiesen modificaciones que así lo requieran, para garantizar que sigue siendo oportuna, suficiente y eficaz.