“Un proceso de paz en medio del conflicto no es argumento para desconocer el DIH”: Defensoría

El defensor del Pueblo, Jorge Armando Otálora, insistió en que desde la mesa de negociaciones de La Habana (Cuba), donde se adelantan los diálogos de paz entre el Gobierno y las FARC, se deben tomar las medidas necesarias para que a la población civil se le respeten sus derechos y no se desconozca el Derecho Internacional Humanitario.

“Un proceso de paz en medio del conflicto no es argumento para desconocer abiertamente el Derecho Internacional Humanitario”, agregó el funcionario, al referirse a la carta en la que Timoleón Jiménez, alias Timochenko, máximo jefe de las FARC, indicó que no entregaría a los responsables del asesinato de dos policías en Tumaco (Nariño), así como a la grave situación de orden público que se vive en el municipio de Inzá (Cauca).

Por otro lado, la delegada para la Defensa de los Derechos de la Infancia, la Adolescencia y la Familia de la Procuraduría General de la Nación, Ilva Myriam Hoyos Castañeda, anunció que el Ministerio Público le solicitará al Gobierno que el reclutamiento forzado de menores de edad sea tema prioritario en las negociaciones de paz.

Hoyos afirmó que el grupo guerrillero es el que más ha reclutado niños y niñas en los últimos años, fenómeno se extiende de manera preocupante a las bacrim. “Hemos examinado la situación de 108 municipios priorizados por la Comisión Intersectorial para la Prevención del Reclutamiento, (…) evidenciamos que tienen dificultades en la satisfacción de necesidades básicas, que hay fenómenos de violencia sexual, debilidades en la protección de los derechos de la infancia, (…) hay situaciones de pobreza, de inequidad, de desigualdad, que están contribuyendo a que se creen condiciones que hacen posible el reclutamiento de los niños por grupos al margen de la ley”, agregó.

Cabe recordar que, en enero pasado, el Consejo de Estado le hizo un llamado al Presidente de la República para que el tema de las minas antipersonal se incluya en las negociaciones de paz, con el fin de buscar una solución a esta problemática que afecta a la población civil.

El pronunciamiento se dio al condenar al Ejército Nacional por la muerte de un joven campesino en el municipio de Yalí (Antioquia), en octubre de 1997, quien activó un rocket que había sido acondicionado por la guerrilla como mina antipersonal.