Tierras despojadas por Mancuso volverán a manos de campesinos cordobeses: URT

Más de 200 víctimas de despojo de tierras recuperarán sus predios ubicados en el municipio de Tierralta (Córdoba), indicó la Unidad de Restitución de Tierras (URT). La intervención, explicó la entidad, comprende los corregimientos de Santa Marta, Morales y Nueva Granada, en la vereda Las Flores.

La URT reclama los derechos de propiedad para las víctimas del exjefe paramilitar Salvatore Mancuso, a quien se le atribuyen homicidios selectivos, desapariciones forzadas, entre otras violaciones a los derechos humanos.

Mancuso es señalado por los solicitantes de haber ejercido presión con amenazas, asesinatos y vejaciones, para que se efectuaran las ventas de los predios que estas familias habían recibido del Incoder, de manera legal o por herencia familiar.

El director de la URT, Ricardo Sabogal Urrego, afirmó que en Córdoba se ha hecho una intervención muy fuerte: “Ya le quitamos a los Castaño unas buenas tierras, ahora estamos con Mancuso y seguiremos con otros”, agregó.

Las cerca de 1.000 hectáreas despojadas corresponden a las haciendas Tierra Santa, que se constituyó como producto del englobe de los predios La Trinchera, La Unión, El Cairo, Santa Fe, El Topacio, Pirámides, Leticia, Buenos Aires, La Gloria y Martha Cecilia.

Si bien en algunos casos existió pago en efectivo por las ventas de dichos terrenos, la URT aclaró que todas las versiones concuerdan en que el precio fue impuesto por el despojador. “Es evidente que hubo irregularidades en la celebración de los contratos de compraventa, pues en el caso de los predios adjudicados, están restringidas las ventas o enajenación de los territorios”, agregó.

En los folios de matrícula inmobiliaria consultados por la URT para documentar los casos, una parte importante de los predios solicitados reposan bajo la propiedad de la sociedad en comandita Mancuso Dereix y Cía Ltda. En otros casos, algunos predios se encuentran en extinción de dominio, pues estaban registrados como dominio de Aram Assias Solar, quien fungió como testaferro del extraditado jefe paramilitar.

De acuerdo con el análisis de contexto al que se remontan los hechos narrados por los solicitantes, los despojos o abandonos forzados se dieron entre 1991 y 2004, época en la que se registran hechos de violencia como el asesinato de Héctor Acosta, alcalde de Tierralta (Córdoba), el 20 de febrero del 2001, cuya autoría fue reconocida por Mancuso.

Cabe recordar que en el 2013, el Gobierno restituyó tierras despojadas por el “clan Castaño” ubicadas en la hacienda Santa Paula, un antiguo centro de operaciones del paramilitarismo. En ese mismo año, una sentencia de restitución de tierras ordenó que los predios de esa hacienda, de 1.195 hectáreas, regresaran a sus dueños.

La sentencia señaló que Fidel Castaño promovió en los años 90 un proceso privado de reforma agraria, mediante la Fundación para la Paz de Córdoba. La representante legal de esa entidad, Sor Teresa Gómez Álvarez, fue condenada por el homicidio de la líder comunitaria Yolanda Izquierdo.