Superintendente Financiero presenta reposición contra sanción de la Procuraduría

El superintendente Financiero, Gerardo Hernández, presentó recurso de reposición contra el fallo en el que la Procuraduría General de la Nación lo destituyó e inhabilitó por 12 años para ejercer cargos públicos por la presunta omisión de funciones en el caso Interbolsa.

Según el funcionario, la decisión del Ministerio Público se basa en que, luego de una reunión realizada en el despacho de la Superintendencia el 18 de julio del 2012, se debió suspender la negociación de la acción de Fabricato y presentar denuncia penal por su posible manipulación.

El recurso señala que, para la fecha de la citada reunión, no había elementos suficientes para que, de conformidad con la Ley 964 del 2005, existiera temor fundado que motivara la suspensión de la acción.

Además, no existían los elementos que componen la conducta prevista en el artículo 318 del Código Penal, razón por la cual, de haberse presentado la denuncia, se habría configurado un posible delito de falsa denuncia, afirma.

Hernández agrega que, en noviembre del 2012,  presentó la denuncia  sobre la posible manipulación de la acción de Fabricato y apoyó de manera permanente a la Fiscalía General  de la Nación en la imputación de cargos en el proceso penal.

Además, sostiene que, en enero pasado, presentó denuncia por la posible manipulación de liquidez de la Bolsa Mercantil de Colombia, una vez se configuraron los elementos necesarios para hacerlo.

A juicio del Ministerio Público, las omisiones de Hernández en su labor de vigilancia y control comprometen su responsabilidad disciplinaria; la de la superintendente adjunta de Supervisión de Riesgos y Conductas del Mercado, Rosita Esther Barrios, y la del delegado para la Supervisión de Riesgos de Mercado e Integridad, Diego Mauricio Herrera, quienes fueron afectados con la misma medida.

“Las operaciones adelantadas por la firma reflejaban irregularidades que ameritaban la actuación de la entidad de vigilancia y control 10 meses antes de su intervención y, sin embargo, no se adelantó la debida actuación”, concluyó la Procuraduría.