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Siete millones de colombianos se han beneficiado con medidas antitrámites: Registraduría

En mes y medio, comenzará el proceso de implementación de identificación biométrica en 16 entidades del Estado, anunció la entidad.
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10 de Enero de 2013

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Al cumplirse un año de la entrada en vigencia del Decreto-Ley 019 del 2012 (Decreto-Ley Antitrámites), la Registraduría Nacional del Estado Civil informó que cerca de siete millones de colombianos se han beneficiado con la medida.

 

Entre las decisiones adoptadas por la entidad, está la eliminación de la certificación de la contraseña, la verificación de superviviencia, la tarjeta de identidad biométrica desde los 7 años de edad, el formulario web para la actualización de registros de defunción y el control selectivo para evitar el fraude.

 

Además, los ciudadanos interesados en obtener el certificado de vigencia de su cédula pueden ingresar a la página www.registraduria.gov.co.

 

Según el organismo, durante este tiempo se adelantaron 5.343.000 consultas en línea para solicitar el certificado de vigencia de la cédula de ciudadanía, 100.428 para el registro civil y 142.880 para tarjetas de identidad biométricas.

 

Además, 964.895 contraseñas no tuvieron que ser certificadas, 111.254 registros civiles de defunción fueron grabados en el aplicativo web y 116.886 citas fueron asignadas por internet.

 

Identificación biométrica
De otro lado, el registrador Nacional, Carlos Ariel Sánchez Torres, afirmó que el decreto-ley “representa la oportunidad de probar la importancia de la identificación biométrica y demostrarle a los colombianos, en sus trámites cotidianos, los beneficios de la identificación a partir de la huella dactilar”.

 

La Registraduría anunció que, en mes y medio, comenzará el proceso de implementación de identificación biométrica en 16 entidades del Estado. “Lo que buscamos es que de manera masiva en los distintos sectores (salud, educación, pensiones), los ciudadanos se puedan identificar mediante su huella”, sostuvo Sánchez.

 

El propósito, agregó, es que otras entidades del Estado puedan acceder a la base de datos de huellas dactilares, para ser usadas, por ejemplo, en el cobro de pensiones, cheques o el acceso a subsidios.

 

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