Selección de tutelas en la Corte Constitucional será pública

El nuevo procedimiento que se realizará en la Corte Constitucional para seleccionar sentencias de tutela susceptibles de revisión será público e incluirá a delegados de la Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo. Según la presidenta (e) del alto tribunal, María Victoria Calle, esta medida empezará a regir a partir del próximo 13 de marzo.

La magistrada agregó que la Corte le ha insistido en varias oportunidades al magistrado Jorge Pretelt, comprometido en un supuesto caso de corrupción, en separarse no solo de la presidencia del alto tribunal, sino del ejercicio del cargo como magistrado, “bien sea por licencia o de manera definitiva”.

Sobre los hechos que involucran a Pretelt, se informó que los magistrados Mauricio González y Jorge Iván Palacio pidieron su renuncia definitiva, mientras los seis restantes integrantes de la Corte le solicitaron marginarse temporalmente.

“Inicialmente el doctor Jorge Pretelt nos señaló que no renunciaría, posteriormente nos dijo que consideraría esa petición, porque quiere saber si pierde o no su fuero y por otras consideraciones de carácter familiar”, afirmó Calle.

Por otro lado, el fiscal general de la Nación, Eduardo Montealegre, se declaró impedido para investigar el supuesto caso de corrupción en la Corte. La Corte Suprema de Justicia deberá determinar si Montealegre debe apartarse o no del caso por haber realizado una consultoría contratada por la empresa Fidupetrol en un proceso de responsabilidad fiscal que adelantaba la Contraloría contra dicha firma, en el año 2010.

La Fiscalía obtuvo una grabación del encuentro que sostuvieron el magistrado de la Corte Constitucional Luis Ernesto Vargas y el abogado Víctor Pacheco, en el que este le cuenta la supuesta exigencia de 500 millones de pesos por parte de Pretelt para favorecer a la empresa en una sentencia de tutela.

En el diálogo, por el que fue llamado a interrogatorio al hermano del togado, Fernando Pretelt, Pacheco informa que la entrega del dinero se haría a través de un contrato de Fidupetrol con el exmagistrado Rodrigo Escobar Gil, y que Mauricio González, ponente del caso, recibiría otras dádivas a través de sus familiares.