Sala Civil critica entrada en vigencia de la oralidad para el 2016

La Sala Civil de la Corte Suprema expidió un comunicado en el que advirtió que existen serios riesgos de traumatismo en los despachos judiciales porque no tienen la tecnología, los modelos de gestión ni las suficientes salas de audiencias y personal que demanda el adecuado desarrollo del sistema oral en la jurisdicción civil del país (Vea: El 1º de enero del 2016 entra en vigencia el CGP).

Según la corporación, el Consejo Superior de la Judicatura “intempestiva e inopinadamente” expidió el pasado 1 de octubre el Acuerdo PSAA15-10392, que puso en vigencia, a partir del 1° de enero del 2016, el Código General del Proceso (CGP), ignorando el plazo extendido que contempla el numeral 6 del art. 627 del CGP, corregido por el Decreto 1736 del 2012 (Vea: Queda en firme entrada en vigencia de oralidad en materia civil).

Además, olvidó atender los reclamos y requerimientos de los distintos distritos judiciales, relacionados con la falta de medios y herramientas para desarrollar la nueva regulación proyectada.

Bajo esos argumentos, reprochó la “inesperada determinación”, pues sin cumplir las más inmediatas exigencias logísticas, se pone en marcha el nuevo ordenamiento, sin ni siquiera haber entrado en vigencia en todo el territorio nacional el modelo de la Ley 1395 del 2010.

Según el análisis del alto tribunal, un gran número de despachos judiciales que han ingresado en la oralidad de la Ley 1395 del 2010 ya están congestionados, el expediente digital es nulo, así como el progreso en sistemas de seguridad para la información electrónica judicial.

Adicionalmente, no hay tecnología de punta y hasta la fecha se viene laborando con un sistema obsoleto que no cubre más del 50 por ciento del país edificado bajo el esquema cliente-servidor, agregó.

Así mismo, informó el comunicado, los diferentes presidentes de las salas de los distritos cobijados por el Código General han elevado reclamaciones al Gobierno nacional, al Consejo Superior de la Judicatura y a esta instancia, manifestando diversas inquietudes dignas de atención, por ejemplo:

·         Están de acuerdo con la oralidad y comparten las bondades del sistema, pero dejan clara la necesidad de un número mayor de despachos judiciales, la carencia de infraestructura física y de tecnología.

·         Advierten no contar con las condiciones legales y logísticas para la implementación de la oralidad.

·         Diez distritos aún no han entrado en el esquema de la Ley 1395 de 2010, y no cuentan con los medios para aplicar el Código General del Proceso, porque no tienen la infraestructura física y tecnológica exigida.

·         El Consejo Superior de la Judicatura, en pasada ocasión, al advertir falta de requerimientos para la introducción de la oralidad, expidió el Acuerdo PSA-1410155 de 28 de mayo de 2014, suspendiendo el cronograma de vigencia del Código General del Proceso, dejando claro que no existía presupuesto asignado por el gobierno nacional para tal fin.

·         Bajo la misma iniciativa del Consejo Superior de la Judicatura, se dio trámite a la Ley 1716 de 2014, con el objeto de extender el periodo de duración de la Ley 3195 del 2010 en lo tocante a los procesos civiles, de familia y agrarios, hasta el 31 de diciembre del 2015.

(Corte Suprema de Justicia, Sala Civil, Comunicado, Nov. 30/15)

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