Reflexiones frente a la reforma a la justicia, foro en la Universidad del Rosario

La Universidad del Rosario, la Academia Colombiana de Jurisprudencia, Legis, ÁMBITO JURÍDICO y la Fundación Hanns Seidel realizaron este 17 de septiembre el foro Reflexiones frente a la reforma a la justicia en Colombia.

Durante la instalación del evento, el presidente de academia, Marco Gerardo Monroy Cabra, destacó que la situación actual de la justicia es grave, porque se ha perdido la fe en el Derecho. A su juicio, la reforma a los códigos de procedimiento no ha sido suficiente, pues sigue imperando un excesivo formalismo. Además, destacó las bondades de la acción de tutela, a la que calificó como “la verdadera y real justicia para todos los ciudadanos”.

En el primer panel del foro, que contó con la moderación de Gonzalo Suárez Beltrán y la participación de Hernando Yepes Arcila, Fernando Arboleda Ripoll y Fernando Sarmiento Cifuentes, se debatió sobre la justicia y su institucionalidad.

Yepes se refirió a la propuesta de reforma del Consejo Superior de la Judicatura, tribunal del que fue presidente. A su juicio, esta iniciativa adolece de los mismos defectos políticos y técnicos de ensayos del pasado. El exmagistrado aclaró que, hoy, la Sala Administrativa es realmente una sala de gobierno judicial, y calificó como una deformación el hecho de que esa función de gobierno hubiera quedado en cabeza de la Sala Plena de la corporación.

De otro lado, aseguró que “un golpe de Estado parlamentario derribó la primera Sala Disciplinaria que existió, para vincularla a la clase política”, lo que, a su vez, la privó del poder disciplinario sobre los altos magistrados. Yepes pidió corregir la composición y el origen de ambas salas y el exceso de poder que, en la propuesta reforma, se la da al administrador de la Rama Judicial.

Arboleda, por su parte, expuso su punto de vista sobre la independencia de la justicia, y aclaró que esta no puede ser una autorización para, simplemente, reivindicar los intereses de un gremio, sino un medio para la consecución de los fines del modelo de Estado.

En su opinión, “en Colombia estamos en una situación de autolimitación y negación de la independencia judicial”. La paradoja, agregó, es que existen mecanismos para realizarla, pero esto no sucede. La independencia judicial, recalcó, “solo puede realizarse a través de la profesionalización”, pero “no es profesional que los propios realizadores de esa independencia atenten contra ella”.

Sin embargo, señaló que las propuestas de reforma a la justicia son una buena oportunidad para reconducir la independencia judicial, y afirmó que la creación de una Sala de Gobierno, como la que se propone, podría contribuir en ese sentido, pues está más cerca de los estándares de independencia.

Sarmiento destacó que es sano repartir las competencias del Consejo Superior y reservar al Gobierno lo gubernativo y a la administración, lo administrativo. También, que la atención se debe centrar en la crisis en el Consejo Superior, institución que, agregó, fue producto de la politización.

Por otro lado, destacó que el trato a los defensores debe ser igual al que se les da a magistrados y jueces, con las facilidades locativas que requiere. “El defensor deberá tener una exigente formación académica, mediante seguimiento de programas de contenido humanístico, como la Sociológica, Ética, Antropología”, agregó.

Reforma a la tutela y eficacia en la justicia

“A la tutela hay que hacerle ajustes. Creemos en sus bondades, pero reconocemos los abusos que hemos hecho de ella”. Así lo advirtió la directora de la Corporación Excelencia en la Justicia, Gloria María Borrero, al iniciar el segundo panel del foro.

Borrero aseguró que es indispensable realizar algunos ajustes a la tutela contra sentencias, como definir un término de caducidad y exigir que la interponga un abogado. “La tutela contra sentencias ha estado, desde hace varios años, en el centro de muchas polémicas jurídicas y políticas. Estos enfrentamientos entre las altas cortes han sido perjudiciales para el país, pues generan incoherencias en el sistema judicial, con grave perjuicio para la seguridad jurídica y para los derechos fundamentales de los colombianos”, agregó.

Por su parte, el experto en Derecho Constitucional y profesor de la Universidad del Rosario Manuel Fernando Quinche destacó la importancia de fortalecer la obligatoriedad del precedente judicial.

Así mismo, advirtió que el estado de inseguridad jurídica que padece Colombia no tiene origen en las sentencias que profieren los jueces de tutela, sino en las prácticas normativas irregulares del Congreso y de la Presidencia de la República. “Es necesario consolidar la obligatoriedad del derecho judicial. Hay una desconexión entre lo que hace el juez del tribunal y lo que hace el abogado de base”, agregó.

Oralidad y administración de justicia

El último panel del foro giró en torno a la implementación del Código General del Proceso. El jurista Augusto Cangrejo, aseguró que “nos están vendiendo la oralidad como la gran alternativa, pero primero hay que concentrarse en los problemas de la administración de justicia en lo civil”.

A su juicio, el Código General del Proceso no trae un cambio estructural de lo que es el procesos civil como tal. “La oralidad no es la solución a los problemas estructurales que tiene la administración de justicia”, señaló.

Por su parte, Gabriel de Vega aseguró que también hay aspectos positivos de la oralidad, pues, se dejó de tener juicios a puertas cerradas. En su criterio, el nuevo esquema procesal ha contribuido a la solución pronta de los procesos. “Un juez tiene que estar inmerso en el proceso, la oralidad permite que el juez interactúe con las partes”, agregó.