Ratifican sanción impuesta a una abogada de los militares involucrados en los denominados “falsos positivos” cometidos contra jóvenes de Soacha.

El Consejo Superior de la Judicatura indicó que patrocinar y aconsejar denuncias basadas en hechos falsos constituye una falta disciplinaria que puede llevar a la exclusión del ejercicio del Derecho.

Ello porque el artículo 33 de la Ley 1123 del 2007 define como falta a la real y correcta realización de la justicia el intervenir o promover hechos fraudulentos en detrimento de intereses ajenos, del Estado o la comunidad.

A su vez, el artículo 40 determina que la ejecución de esta y otras conductas hacen acreedor de censura, multa, suspensión o exclusión del ejercicio de la profesión a quien las comete.

Con estos argumentos, la sala ratificó la exclusión impuesta a una de las abogadas de los militares involucrados en los denominados “falsos positivos” cometidos contra jóvenes de Soacha (Cundinamarca).

El alto tribunal determinó que la jurista sugirió denunciar una supuesta intimidación por parte del fiscal para que su defendido se allanara a cargos, a fin de sustentar su retractación a la sentencia anticipada a la que se había acogido.

A juicio de la corporación, la abogada no solo utilizó una prueba falsa, sino que, además, influenció a su defendido para se mantuviera en su mentira, solicitándole que no declarara la verdad de los hechos.

“La abogada actuó con dolo en la comisión de las faltas enrostradas, en la que se infiere su intención de que los confesos cambiaran su versión y así favorecer la defensa de sus defendidos y además desprestigiar al funcionario quejoso”, agregó.

Vale la pena recordar que, en agosto pasado, la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura  señaló que, en lo corrido del año, 51 funcionarios judiciales y 309 abogados han sido sancionados por incurrir en diferentes faltas contra la profesión.

De los funcionarios judiciales sancionados este año, 8 fueron destituidos del cargo, 41 fueron suspendidos y dos recibieron multa. En total, 86 funcionarios de la Rama Judicial debieron enfrentar procesos disciplinarios.

Igualmente, indicó que, desde su creación, en 1991, han sido sancionados 14.540 abogados, de los cuales 3.848 lo fueron entre el 2010 y octubre de este año.

(Consejo Superior de la Judicatura, Sentencia 54001110200020110056202 (2618), 10/21/2013. M. P. Ovidio Claros)