Pese a que sugiere la declaratoria de inhibición en la demanda al fondo de estabilización de la gasolina (literal c del artículo 101 de la Ley 1450 del 2011),

La Procuraduría General de la Nación le pidió a la Corte Constitucional que exhorte al Congreso para que desarrolle una nueva legislación que permita establecer un control más efectivo en el precio de los combustibles.

El Ministerio Público recordó que el Estado debe intervenir en la economía, por mandato del numeral 21 del artículo 150 de la Constitución. Además, destacó la necesidad de una política de precios ajustada a los parámetros internacionales.

En ese sentido, explicó que la creación y vigencia del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles debe responder a una intervención estatal frente a cambios abruptos, inesperados e impredecibles en los precios internacionales.

“Cuando ocurran bajas abruptas e impredecibles de los precios internacionales de los combustibles, también resulta válido hacer bajas graduales del precio de referencia dando oportunidad al Gobierno Nacional de observar el comportamiento internacional de los combustibles para evitar traumas económicos por efecto rebote en los precios internacionales”, sostuvo la entidad.

Sin embargo, el ente de control pidió no estudiar de fondo la demanda, pues si bien el actor objetó la facultad otorgada al Ministerio de Minas para establecer un tributo relacionado con el precio base, dejando su costo por encima del precio internacional, no demostró que la diferencia fuera excesiva.

(Procuraduría General de la Nación, Concepto 5561 (D-9519), abr. 22/13)