Procuraduría pide exhortar al Congreso a que expida ley de intervención sobre precios de combustibles

Por falta de certeza en la formulación de los cargos, la Procuraduría General de la Nación le solicitó a la Corte Constitucional que se declare inhibida para conocer de fondo la demanda contra el artículo 101 de la Ley 1450 del 2011, sobre financiación del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC).

Según esta norma, el fondo seguirá funcionando para atenuar el impacto que causan en el mercado interno las fluctuaciones de los precios de los combustibles en los mercados internacionales. Además, señala como fuentes de recursos el capital  proveniente de las diferencias negativas entre el precio de paridad internacional y el precio de referencia establecido por el Ministerio de Minas y Energía.

A juicio del Ministerio Público, el cargo formulado por los demandantes carece de certeza, porque dicha norma solo se refiere a la constitución de un título legal de financiación del FEPC, y no determina la autorización  ni le otorga competencia al ministerio para fijar el precio de referencia.

“Es viable que haya una política de precios de los combustibles cuyo precio de referencia para consumo interno esté ajustado a los precios internacionales, teniendo en cuenta que la mayoría de estos cambios son predecibles. Inclusive resulta válido que haya una ligera diferencia negativa entre el precio de paridad internacional y el de referencia fijado por el Ministerio de Minas y Energía, para efectos de cubrir la variación diaria del precio internacional cuando este va al alza”, agregó la entidad.  

Para la Procuraduría, lo que no resulta válido es que se utilice la diferencia negativa como una constante desproporcionada o alejada del comportamiento real de los precios internacionales de los combustibles para obtener recursos públicos de una manera vedada o indirecta.

El organismo recordó que en varias ocasiones ha llamado la atención sobre la falta de claridad en la fijación del precio de los combustibles en Colombia, y destacó que una ley daría claridad. Por esa razón, le solicitó al alto tribunal que exhorte al Congreso de la República para que expida una ley de intervención económica relacionada con la fijación de estos precios.