Procuraduría no ha informado gestiones para evitar defraudaciones en el sistema de salud

La Corte Constitucional advirtió que la Procuraduría no ha cumplido su deber de informar trimestralmente las actuaciones adelantadas para evitar y perseguir las defraudaciones y malversaciones de las fuentes de financiación del sistema de salud, como lo ordenó ese tribunal en el Auto 263 del 2012.

“Se desconoce cuáles han sido las actuaciones desarrolladas por parte de ese órgano de control, en cumplimiento de la providencia en mención (ordinal séptimo) como reacción a las presuntas prácticas dilatorias en el pago de los recobros en el régimen subsidiado, se dispondrá que informe detalladamente el estado de las mismas, las medidas concretas que adoptará y que presente las razones del por qué no ha allegado los informes trimestrales a su cargo”, señala la providencia.

Al evidenciar un probable incumplimiento de los compromisos pactados por entidades territoriales para superar la crisis financiera de la salud, la Corte le solicitó al ente de control y a la Defensoría del Pueblo que se pronuncien sobre la conveniencia de la intervención estatal solicitada por Cafesalud para recuperar más de 43.000 millones de pesos adeudados por dichas entidades.

La corporación también requirió al Ministerio Público para que evalúe la posibilidad de adelantar el mismo procedimiento frente a los compromisos con la red hospitalaria. Por esa razón, extendió el requerimiento a la Superintendencia Nacional de Salud y al Ministerio de Salud, que deberán presentar sus observaciones e informar detalladamente las medidas que adopten.

El objetivo es establecer si el no pago de los dineros por concepto de recobros es una práctica generalizada, señalar los correctivos que se han tomado durante el 2013 e informar los resultados obtenidos.

El Gobierno también deberá señalar qué otras entidades se encuentran en esta situación, precisar las sumas adeudadas y cuáles son las entidades morosas. En caso de que existan falencias y se extienden hacia otras EPS, deberá proponer una estrategia contractiva, estableciendo plazos y metas de cumplimiento.

La Sala de Seguimiento a la Sentencia T-760 del 2008, mediante la cual se declaró el estado de cosas inconstitucional en materia de atención en salud, recordó que una de las fallas estructurales son los problemas de financiación que genera la demora excesiva en los recobros.

Esta falta de gestión la llevó a ordenarle al Ministerio y al Fondo de Solidaridad y Garantías  asegurar un procedimiento ágil y la debida gestión ante los entes territoriales, para garantizar el flujo de recursos necesario para sostener el sistema.

(Corte Constitucional, Auto 277 (Sentencia T-760 del 2008), nov. 21/13)

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