Procurador y Fiscal debatieron sobre alcances del marco jurídico para la paz

                Foto: Humberto Pinto.

Bastante encendido estuvo el debate que el procurador general de la Nación, Alejandro Ordóñez, y el Fiscal General de la Nación, Eduardo Montealegre, sostuvieron esta mañana en el foro Dilemas jurídicos del proceso de paz, organizado por la Universidad Externado de Colombia, ÁMBITO JURIDICO y CITPax Colombia, que se celebra hoy en esa institución académica.

Los alcances del Marco Jurídico para la Paz en cuanto a la responsabilidad penal de los desmovilizados fue el punto de mayor controversia entre los altos funcionarios. Para Ordóñez, este instrumento es inconstitucional, pues le abre paso a amnistías encubiertas, ya que no castiga a todos los responsables de graves violaciones a los derechos humanos, sino solo a los máximos responsables de conductas ejecutadas de manera sistemática, con la posibilidad de que se les suspenda la pena.

“Reitero que el instrumento diseñado no responde a los estándares internacionales y genera impunidad, porque cuando plantea que será a los máximos responsables a quienes se investigará por estos delitos cometidos sistemáticamente, y refiere cómo podrían beneficiarse de la suspensión de la ejecución de la pena, y que los o seleccionados se beneficiarán de la renuncia a la persecución penal, los autores de estos delitos serán indultados o amnistiados, lo cual está claramente prohibido”.

El fiscal Montealegre, por su parte, sostuvo que el marco no genera impunidad, sino que le plantea al Congreso escoger entre un modelo maximalista de investigación de todos los delitos cometidos por los desmovilizados, lo que, advirtió, haría colapsar el sistema penal, o uno minimalista centrado en la investigación de los máximos responsables, que les garantiza verdad, justicia y reparación a las víctimas.

Para el Fiscal, el deber de investigar y acusar es ponderable y, cuando entra en contradicción con un derecho fundamental como la paz, puede ser relativizado. Montealegre le reprochó al Procurador el hecho de no tener en cuenta el concepto de justicia restaurativa, que está consagrado en la Constitución como alternativa válida.

“Su concepto de retribución y proporcionalidad entre el daño y la pena está superado. La pena privativa de la libertad no es una concepción eterna. El derecho penal debe reflejar la realidad social (…). Usted tiene una concepción que privilegia el deber de investigar, acusar y juzgar a todos los responsables sobre el derecho a la paz.”, agregó.

En este punto, Ordóñez ripostó que era necesario lograr un equilibrio entre la justicia retributiva y la restaurativa, y que este era, precisamente, la justicia transicional. “Lo que usted está haciendo es sacrificando la justicia retributiva. Se está privilegiando al victimario y sacrificando a las víctimas. Lo que existe en el marco es una amnistía encubierta”, afirmó, en respuesta al Fiscal.

Ante este cuestionamiento, Montealegre aclaró que el marco no contenía amnistías disfrazadas: Lo fundamental es desentrañar los aparatos organizados de poder que han cometido las graves violaciones a los derechos humanos. Lo que se han prohibido son las amnistías absolutas, sin verdad o las autoamnistías, porque violan los derechos a la verdad y a un recurso judicial efectivo para las víctimas. Este marco no viola esos principios”, concluyó.

¿Justicia transicional para ‘falsos positivos’?

De manera previa al debate entre el Fiscal y el Procurador, el presidente del Senado, Roy Barreras, destacó que el Marco Jurídico para la Paz, si bien incluye a los agentes del Estado que hayan cometido delitos relacionados con el conflicto, no puede aplicarse a la ejecuciones de civiles por pate de miembros de la fuerza pública, conocidas como “falsos positivos”, pues, a su juicio, no están relacionados con el conflicto armado.

Esta afirmación fue controvertida por el Procurador, para quien, si existen falsos positivos, es precisamente porque existe conflicto: “Los falsos positivos son crímenes de guerra y pueden ser sometidos a justicia transicional (…). Si aceptamos que son crímenes de guerra, ¿quién va a negar que no tienen relación con la confrontación? Si no hubiera confrontación, no habría falsos positivos”, afirmó.

De otro lado, Barreras admitió que será el Congreso elegido en el 2014 el responsable de tramitar la ley estatutaria que desarrolle los principios del marco jurídico para la paz: “En esta legislación no será posible iniciar este debate y el país debe prepararse para una larga discusión al respecto”. Además, insistió en que el país debe tener claro que no habrá impunidad y que los máximos responsables de infracciones sistemáticas a los derechos humamos y el derecho internacional humanitario no podrán tener participación política.

Esta tarde, se espera la intervención en el foro del ministro del Interior, Fernando Carrillo; el exconstituyente y exministro Antonio Navarro Wolff; la ministra de Justicia, Ruth Stella Correa; el alcalde de Bogotá, Gustavo Petro; el jurista Baltazar Garzón, y el alto comisionado para la Paz, Sergio Jaramillo.

El evento puede seguirse en vivo, a través de ambitojuridico.com