Primeras reacciones al acuerdo entre el Gobierno y las Farc

 

 

El acuerdo logrado ayer entre el Gobierno y las Farc sobre justicia transicional ha generado diversas reacciones. Desde la oposición se ataca lo informado como una “burla a la democracia”, mientras que el fiscal Eduardo Montealegre anunció que el acuerdo lo obliga a suspender 50 imputaciones en contra de miembros de la cúpula de la guerrilla.

 

Precisamente, el jefe del ente acusador aclaró que suspender las imputaciones no significa suspender investigaciones, y que se seguirán investigando cerca de 38.000 hechos. Pero Montealegre fue más allá, al informar que el acuerdo permitirá juzgar también a militares y otros actores estatales, no propiamente combatientes.

 

El fiscal informó que una de las consecuencias del acuerdo de La Habana sería la libertad de cerca de 1.600 subversivos, de los 1.800 que se encuentran detenidos y condenados, pero que no habrá amnistías ni indultos por crímenes internacionales o de lesa humanidad, excluyendo los delitos de rebelión y sus conexos.

 

Sobre el modelo que se anunció, explicó que no cuenta con imputaciones ni solicitudes de medidas de aseguramiento, como tampoco escritos de acusación, sino que en cada caso la Fiscalía presentará un informe al tribunal especial de justicia transicional, para que resuelva con base también en los que presenten la Procuraduría General de la Nación y las víctimas.

 

La oposición critica lo acordado

 

El senador del partido Centro Democrático, Alfredo Rangel, en declaraciones a Ámbito Jurídico, calificó los acuerdos como “ambiguos y  vagos”, y señaló que hay una amnistía disfrazada.

 

El acuerdo informado ayer indica que quienes reconozcan responsabilidades tendrán restricción de libertades y derechos que garanticen cumplimiento de las funciones reparadoras y restauradoras, mediante la realización de trabajos, obras y actividades para satisfacer derechos de las víctimas. En este asunto, el congresista dice que al Gobierno le dio pena decir que esas no son medidas privación de la libertad.

 

“Hay una burla a los derechos de las víctimas de que haya una justicia real, las penas deben ser privativas, debe haber confinamiento, eso es lo que establece las leyes nacionales e internacionales. Las  leyes alternativas, como darles un departamento por cárcel, es una burla a la justicia”, agregó. 

Finalmente, precisó que “los delitos de lesa humanidad y de guerra deben castigarse con penas de cárcel, así sean penas rebajadas en el caso de que los criminales cuenten toda la verdad y reparen a las víctimas y ofrezcan garantías de no repetición”.

 

Por su parte, el procurador Alejandro Ordóñez ofreció una rueda de prensa para presentar su posición respecto a los acuerdos. El jefe del Ministerio Público exhortó al gobierno a revelar el texto completo del acuerdo, y señaló que omitir la pena de prisión para los máximos responsables de crímenes de lesa humanidad tendría la consecuencia de convertir el acuerdo en uno de impunidad, insostenible política y jurídicamente.

 

El organismo de control ratificó su pronunciamiento emitido el pasado mes de agosto, publicado por Ámbito Jurídico.

 

En aquella oportunidad, la entidad remitió a los negociadores de paz los que, a su juicio, se constituyen como requisitos mínimos para que los autores de crímenes de lesa humanidad puedan acceder a la justicia transicional. (Lea: Estos son los mínimos penales que el Procurador propone a los negociadores de paz).

 

Algunos de los mínimos penales sugeridos por la Procuraduría fueron:

 

1. La investigación, juzgamiento y condena de crímenes internacionales es competencia exclusiva de la autoridad judicial.

 

2.  La pena debe ser proporcional a la gravedad del crimen y a las condiciones personales de los responsables.

 

3. La reparación es condición para acceder a la justicia transicional.

 

4. La reclusión es la pena para graves violaciones a los derechos humanos, crímenes de genocidio, guerra y lesa humanidad.

 

5. La exclusión de participación política es consecuencia de crímenes atroces.

 

Lo que dicen los expertos

 

El constitucionalista Juan Manuel Charry manifestó que el Marco Jurídico para la Paz dispone centrar esfuerzos de investigación penal de los máximos responsables de los delitos de lesa humanidad, por lo tanto, el acuerdo logrado ayer no podría ir contra lo dispuesto en el Acto Legislativo 01/12, que para él es suficiente y debe ser desarrollado mediante leyes estatutarias. Así, cree que la Corte Penal Internacional no intervendría si hay un acuerdo de paz efectivo que cumpla con los requisitos básicos. Por lo tanto, tendrán que investigarse y juzgarse los delitos de lesa humanidad en los términos del Marco Jurídico para la Paz.

 

Coincidiendo con el acuerdo, este experto resaltó que para que opere la justicia transicional debe haber dejación de las armas, reconocimiento de responsabilidad, verdad y reparación integral a las víctimas, y adicionó otros elementos, como la necesaria liberación de secuestrados y la desvinculación de menores reclutados ilícitamente.

 

En lo que si llama la atención es que los agentes estatales y los miembros de la fuerza pública deben ser objeto de un tratamiento diferenciado, aunque sería preferible que fuera aplicado por una jurisdicción diferente.

 

Es necesario recordar en este punto que se acordó que la jurisdicción especial para la paz tendrá competencia respecto de todos los que de manera directa o indirecta hayan participado en el conflicto armado interno, incluyendo a las Farc y a los agentes del Estado, por los delitos cometidos en el contexto y en razón del conflicto, en especial respecto de los casos más graves y representativos.