Presentan estudio sobre necesidades jurídicas en Colombia

Dos de cada cinco personas de la población urbana colombiana mayor de edad sufrieron alguna necesidad jurídica en los últimos cuatro años. Esta proporción es mayor para las poblaciones en situación de pobreza y en situación de discapacidad.

Así lo informó el Ministerio de Justicia, durante la presentación de los resultados de la Gran Encuesta Nacional de Necesidades Jurídicas, realizada en convenio con el Banco Mundial y la Cámara de Comercio de Bogotá.

El estudio, que cubrió 14 ciudades (Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Bucaramanga, Cartagena, Pasto, Montería, Tunja, Neiva, Pereira, Villavicencio, Florencia y Quibdó), evaluó estadísticamente las necesidades jurídicas a nivel urbano, haciendo énfasis en poblaciones en situación de vulnerabilidad, como las personas en extrema pobreza o con discapacidades.

La encuesta muestra que estas necesidades jurídicas están asociadas prevalentemente con hurtos y estafas, disputas sobre la prestación de servicios de salud y servicios públicos domiciliarios y conflictos vecinales o familiares.

Igualmente, señala que la población en situación de pobreza extrema padece, en mayor medida, conflictos relacionados con delitos violentos, desplazamiento forzado y amenazas. En el caso de la población en situación de discapacidad, los conflictos están relacionados con la discriminación personal y el hábitat.

“La proporción de necesidades jurídicas que son resueltas a través del sistema de justicia es muy baja: 13 % de los conflictos para la población en general o población en situación de discapacidad; y menos del 10 % para población en situación de pobreza extrema”, señala el estudio.

De otro lado, destaca que, en comparación con la población en general, las personas en situación de pobreza extrema tienen mayores niveles de demandas negadas (5 % contra el 14 % de las demandas presentadas) y de incumplimiento de las decisiones (9 % contra el 18 % de las decisiones o conciliaciones).

Otro hallazgo del estudio tiene que ver con el mecanismo preferido para solucionar los conflictos empresariales. El 72,6 % de las empresas prefieren usar la negociación directa y solo el 2,6 % prefieren el proceso judicial.

Así mismo, señala que los porcentajes de personas que decidieron acudir a oficinas de quejas y reclamos ante un conflicto fueron: población general, 35,3 %; extrema pobreza, 26,6 %; en situación de discapacidad, 51,5 %; empresas, 1,5 %; población usuaria de la conciliación en derecho, 1,7 %.

A juicio de los investigadores, esto indica que hay un circuito de reclamaciones relacionadas con el consumidor de bienes o de servicios que es significativo y que recoge una masa importante de la conflictividad social que se resuelve a través de métodos alternativos de solución de conflictos.