Por medio del Auto 173 del pasado 6 de junio, la Corte Constitucional presentó un diagnóstico de los impactos que ha tenido el desplazamiento forzado sobre las personas con discapacidad.

En opinión del alto tribunal, es necesario incorporar un enfoque diferencial que sea transversal a la política pública sobre desplazamiento forzado, de acuerdo con las obligaciones internacionales adquiridas con la ratificación de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y los estándares legales y constitucionales sobre la materia, pues, hasta el momento, no se han adoptado medidas adecuadas, idóneas y pertinentes para garantizar el goce efectivo de sus derechos en igualdad de condiciones.

El auto contiene más de 15 órdenes dirigidas a la Unidad para la Atención y Reparación de las Víctimas, que, en diciembre de este año, deberá entregar un informe en el que identifique los problemas que dificultan el cumplimiento de la orden de incluir dicho enfoque diferencial, las medidas adoptadas y una propuesta concreta del Gobierno para solucionarlos.

Así mismo, deberá diseñar una estrategia de búsqueda activa de personas con discapacidad en situación de desplazamiento forzado, con el fin de direccionarlas a la oferta institucional para la población víctima de ese flagelo.

Según la Corte, la respuesta limitada frente a la doble vulnerabilidad de esta población la ha excluido de los beneficios sociales previstos en la política pública, al imponerle cargas injustificadas para acceder a programas y ayudas, así como para su efectivo reconocimiento como sujetos de protección constitucional reforzada.

(Corte Constitucional, Auto 173, jun. 6/14, M. P. Luis Ernesto Vargas)

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