Minjusticia anuncia red de universidades para mejorar acceso a la justicia de discapacitados

Con el propósito de desarrollar un plan piloto con más de 30 universidades del país, que beneficien a cerca de tres millones de personas con discapacidad en la prestación de servicios de justicia, el Ministerio de Justicia y del Derecho inició  una serie de talleres con Consultorios Jurídicos y Centros de Conciliación.

El objetivo es extender este ejercicio a diferentes departamentos;  buscar alianza con el mayor número de universidades posible e identificar las experiencias que en materia de discapacidad tengan las instituciones educativas.

 El encuentro con consultorios jurídicos y sus centros de conciliación, liderado por esta cartera, se desarrolla en el marco de las obligaciones legales que tiene el Gobierno Nacional y las universidades colombianas con la atención para las personas con discapacidad. 

“Los Consultorios Jurídicos y Centros de Conciliación de las universidades se vinculan al Ministerio en este proyecto para extender sus servicios de manera apropiada a esta población con la atención gratuita a los ciudadanos que no pueden contratar a un abogado particular, o un psicólogo o un trabajador social, y para que puedan acceder a un profesional que los represente y aconseje en temas como divorcio, cuota alimentaria, violencia intrafamiliar, herencias y otros temas relacionados con el derecho comercial, propiedad industrial y derechos de autor, los cuales exigen acudir en primer término a esta forma pacífica de hacer justicia, para luego poder demandar ante los Juzgados mediante un proceso”, señaló la entidad.

 
También, precisó que estas instancias de las facultades de Derecho buscan promover el acceso a la justicia para aquellas personas y grupos más vulnerables de la sociedad, incluida la población con discapacidad, facilitando la solución de conflictos con métodos alternativos como la conciliación.

Normatividad

Con la entrada en vigencia de la Ley 1618 de 2013 el Estado debe garantizar y asegurar el ejercicio efectivo de los derechos de las personas con discapacidad mediante la adopción de medidas y políticas que cuenten con enfoque de inclusión buscando eliminar toda forma de discriminación con esta población.

A su vez, el artículo 21 numeral 4, establece que las instituciones de educación superior que cuenten con facultades de Derecho y consultorios jurídicos, deben desarrollar programas de formación y apoyo al restablecimiento de derechos de las personas con discapacidad y al artículo 11 de la misma norma obliga a las Universidades a promover la sensibilización y capacitación de los docentes en discapacidad, y la inclusión del tema en todos los currículos desde un enfoque intersectorial.