El viceministro de Política Criminal y Justicia Restaurativa, Carlos Alberto Mantilla, anunció que en octubre se darán a conocer dos documentos Conpes en materia de política criminal y política regulatoria del Estado que sentarán las bases para contar con un marco normativo coherente, racional y articulado.

Según el funcionario, dicho documento garantizará la seguridad jurídica en temas como la seguridad vial y permitirá tener claridad sobre qué, cómo y cuándo debe intervenir normativamente el Estado.

Sobre el primer punto, indicó que se deben privilegiar las medidas administrativas, “pues ellas gozan de mayor eficacia. El decomiso del vehículo, el incremento de las multas y la suspensión de la licencia son mecanismos que pueden generar una mejor respuesta estatal”.

De hecho, el Ejecutivo creó un equipo de alto nivel para trabajar en el contenido del proyecto de ley, que impondría sanciones más drásticas a quienes manejen en estado de embriaguez.

Vale la pena recordar que, el año pasado, el Gobierno presentó los lineamientos generales que tendría el documento. El Conpes, que se desarrollaría en cinco años, parte del reconocimiento de cinco problemas: la necesidad de implementar acciones contra todo tipo de dinámicas delincuenciales, los problemas de gestión del sistema penal acusatorio, la importancia de implementar medidas de justicia restaurativa que permitan mayor protección a las víctimas, la urgencia de tener un sistema de víctimas del delito común, y la necesidad de una política penitenciaria que atienda la sobrepoblación carcelaria.