Las críticas de la Procuraduría a la jurisdicción de paz

 

Luego de conocerse el acuerdo al que llegaron el Gobierno Nacional y las Farc sobre el quinto punto de la agenda de negociación en La Habana (Cuba), relacionado con las víctimas del conflicto armado y la jurisdicción especial para la paz, el Ministerio Publico emitió una declaración en la que presenta su plena disidencia sobre lo pactado.

 

Ámbito Jurídico desarrolla la opinión ofrecida por el órgano de control en los siguientes siete puntos:

 

1. Sanciones no proporcionales

 

El Ministerio Público anunció que los máximos responsables de los delitos cometidos en desarrollo del conflicto armado interno no tendrán un solo día de reclusión. Así mismo, considera que las sanciones son inadecuadas, por no ser proporcionales a la gravedad de los hechos cometidos. 

 

“Solo les bastará reconocer la verdad y su responsabilidad en esas atrocidades. La sanción pactada es una comedia, una parodia, un truco. Además, las restricciones de libertades y derechos, tales como la libertad de residencia y movimiento, no son privación de la libertad, sino requisitos mínimos que debe observar el victimario para poder cumplir con el trabajo comunitario que se le imponga como sanción”, indicó.

 

2.  Inseguridad jurídica

 

De la misma manera, recordó que en el 2013 la fiscal ante la Corte Penal Internacional, Fatou Bensouda, señaló a la Corte Constitucional que “una condena que sea grosera o manifiestamente inadecuada, teniendo en cuenta la gravedad de los delitos y la forma de participación del acusado, invalidaría la autenticidad del proceso judicial nacional, aun cuando las etapas previas del proceso hayan sido auténticas”. 

 

Razón por la cual consideró que lo que se está acordando en la Habana es una falta a la justicia colombiana y sostiene que la ausencia de reclusión activará la competencia de la Corte Penal Internacional, al no cumplir con las disposiciones  internacionales, en cuanto a la terminación negociada de un conflicto armado.

 

3. Desconocimiento de condenas

 

Igualmente, manifestó que el acuerdo permite omitir las condenas impuestas por la administración de justicia, con el fin de cambiar la pena privativa de la libertad por una sanción simbólica de trabajo, obra u actividad para quien reconozca responsabilidad y verdad. 

 

“Esa es una medida que desconoce a la justicia ordinaria, para satisfacer la demanda de impunidad de los victimarios, ya sea que pertenezcan a grupos ilegales o sean agentes estatales que actuaron como criminales”, señaló.

 

4.  Actividad política

 

En este punto, manifestó que el acuerdo pretende garantizar que independientemente de la gravedad del crimen cometido, los victimarios, sean agentes estatales o guerrilleros, tengan el derecho a participar en política, esto es, el derecho a ser elegidos como altos dignatarios, lo que considera es una gran impunidad.

 

“Actualmente, una sentencia condenatoria, por cualquier delito, excluye de la participación política. Es parte de la sanción por infringir la ley penal”, recordó. 

 

5. Los bienes de las  Farc

 

En este sentido, explica que este grupo es la tercera organización subversiva con mayores ingresos del planeta, por lo que considera que lo actos de reconocimiento de responsabilidad como el realizado en Bojayá son muy importantes, pero no son sinceros y significativos si no entregan sus bienes para reparar efectivamente a las víctimas.

 

Enfatiza diciendo que “en el acuerdo no hay una sola sílaba que obligue de manera clara y expresa a las FARC a entregar su riqueza para reparar a las víctimas”.  

 

6.  Narcotráfico

 

Adicionalmente, considera que lo pactado establece las bases para que se sean objeto de indulto actuaciones delictivas como las del narcotráfico, la minería criminal y el lavado de activos, situación que  vulneraria el ordenamiento jurídico y favorecería los intereses de los  victimarios.

 

Así, es vehemente al decir que se está blindando a este grupo ante la justicia norteamericana y se le da licencia para que siga con sus actividades  de narcotráfico en EE UU y Europa hasta tanto se firme la paz. “La extradición como mecanismo de cooperación contra el crimen transnacional desaparece no solo por el tráfico de drogas, sino por crímenes como el secuestro o el asesinato de extranjeros perpetrados por integrantes de las Farc”. 

 

7. Preguntas

 

Finalmente, deja una serie de preguntas para que sean resueltas los más pronto posible por el Gobierno Nacional, a fin de que aclare cuáles serán los sujetos que harán parte de la jurisdicción especial para la paz.

 

· ¿Cuáles serán  los “otros actores” que integrarán el acuerdo final? 

 

· ¿Están comprendidos los miembros de las antiguas Autodefensas Unidas de Colombia? 

 

· ¿Harán parte las bandas criminales del narcotráfico, Bacrim? 

 

· ¿Cuál será la suerte de los “parapolíticos” en el proceso de paz?

 

Vale decir que se espera en los próximos días un pronunciamiento del Gobierno Nacional respecto de estos comentarios que hace la Procuraduría General de la Nación.