Los conceptos técnicos que se allegan al proceso se valoran bajo la sana crítica judicial, y se aprecian en conjunto con las demás pruebas, señaló el Consejo de Estado.

De acuerdo con la corporación, el juez es autónomo para valorar dichas pruebas técnicas y verificar la veracidad de sus fundamentos y conclusiones, dado que es él, y no el perito, el encargado de administrar justicia y resolver el litigio sometido a su consideración.

En ese sentido, el fallo recordó que los experticios técnicos difieren de los dictámenes periciales y de los informes técnicos de las entidades y dependencias oficiales. “Cualquiera de las partes, en las oportunidades procesales para solicitar pruebas, podrá presentar experticios emitidos por instituciones o profesionales especializados. De existir contradicción entre varios de ellos, el juez procederá a decretar el peritazgo correspondiente”, indicó.

Cabe reiterar que, según la jurisprudencia constitucional, el principio de inmediación exige que el juez decrete, practique y valore las pruebas y, con base en esto, adopte la decisión. Y aunque la prueba anticipada es una excepción a este postulado, se debe garantizar el principio de contradicción, pues, de lo contrario, tendrá la calidad de sumaria y no de plena, señaló.

(Consejo de Estado, Sección Cuarta, Sentencia 25000232700020110023401 (19644), sep. 4/14, C. P. Martha Teresa Briceño)

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