Inconsistencias contables en la Rama Judicial superan los dos billones de pesos: Contraloría

“No se explica por qué la función que le corresponde a la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial refleja ausencia de medidas gerenciales que conjuren una gestión antieconómica y, en consecuencia, un detrimento patrimonial”.

Así lo afirmó la Contraloría General de la República, en un oficio dirigido a Ricardo Monroy Church, presidente del Consejo Superior de la Judicatura.

Según el documento, existen inconsistencias contables en la Rama Judicial que superan los dos billones de pesos. Además, se registra un incremento inusitado de los gastos, que supera los 13.000 millones, para descongestión judicial y para la implementación del nuevo Código Contencioso Administrativo.

Según la entidad, esta cifra impacta en el Presupuesto General de la Nación y  afecta la opinión que, en su momento, tendría que dar la Contraloría al Congreso de la República sobre el  fenecimiento de la cuenta de la Nación.

“Hay una actitud como de gastar aceleradamente sin tener en cuenta que el poder judicial no se iba a acabar y tanto menos no iba a desaparecer un órgano directivo, desde el punto de vista administrativo de la rama”, señala la Contraloría.

El ente de control también cuestionó aspectos del manejo administrativo de la Rama Judicial, relacionados con la contratación, construcción de palacios de justicia y procesos licitatorios.

Vale la pena recordar que en diciembre del año pasado, tras practicar una auditoría a varios programas del Consejo Superior de la Judicatura realizados entre los años 2007 y 2011, entre ellos el de descongestión de la Rama Judicial, la Contraloría hizo 116 hallazgos que tendrían implicaciones fiscales, disciplinarias y penales.

En dicha auditoria, la entidad conceptuó como desfavorable la gestión y los resultados de ese organismo, con una calificación de 27,17 %.

“La situación expuesta evidencia una inversión de recursos carente de planeación, que no se soportó en seguimientos y controles efectivos, como tampoco presenta procedimientos adecuados a las necesidades, situación que la convierte en una gestión ineficaz, ineficiente y antieconómica”, señaló la entidad.