Gobierno radica proyecto para prorrogar Ley de Orden Público

El Gobierno Nacional, a través del ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, radicó en la Secretaría General de la Cámara de Representantes un proyecto de ley que prorroga por cuatro años más la vigencia de la Ley 418 de 1997, que consagra instrumentos para la búsqueda de la convivencia y  la eficacia de la justicia.

Según el jefe de la cartera política, “la ley es un instrumento para el fortalecimiento de la seguridad ciudadana, permite la política de diálogos de paz,  garantiza las medidas a protección a las víctimas, entre otros factores”.

Esta iniciativa, según informó el Ministerio del Interior, que data de 1997, ha sido prorrogada varias veces, la última de ella, a través de la Ley 1421, hasta el 21 de diciembre del presente año. Entre otras cosas, estableció los mecanismos que permiten adelantar una política de diálogo y reconciliación con grupos armados al margen de la ley y también brinda instrumentos para el fortalecimiento institucional en diversas áreas como la seguridad ciudadana y la preservación del orden público.

En cuanto a las negociaciones de paz, la disposición otorga facultades al Gobierno Nacional para adelantar acuerdos y define los criterios mínimos para mecanismos tales como la desmovilización de grupos armados al margen de la ley,  el indulto y la propia facultad de diálogos de paz. Igualmente, imposibilita zonas de despeje para adelantar conversaciones.

La vigencia de la norma permitió la creación de los instrumentos necesarios para avanzar en la búsqueda de la convivencia ciudadana, tanto a nivel nacional como a nivel territorial, en especial en los programas de protección en derechos humanos, atención a las víctimas del terrorismo, creación de los fondos territoriales de seguridad y convivencia ciudadana  y el Fondo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana del Ministerio del Interior.

Otros programas que se derivan de la disposición son el programa de protección a testigos de la Fiscalía y el programa de protección a civiles amenazados, como marco general para la creación de la Unidad Nacional de Protección.

También  regula la competencia y aplicación a nivel territorial del Sistema de Alertas Tempranas y la Comisión Intersectorial de Alertas Tempranas desde el Ministerio del Interior, para prevenir violaciones a los derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario.

Así mismo, establece medidas como la protección a vehículos automotores en vías nacionales o fluviales contra hechos terroristas con el cubrimiento de una póliza de riesgo.