El Ministerio del Interior publicó un proyecto de decreto con el cual crearía un régimen especial de funcionamiento para los territorios indígenas, hasta que el Congreso expida la ley a la que se refiere el artículo 329 de la Constitución.

La iniciativa plantea funciones; mecanismos de financiación, control y vigilancia, y medidas para el fortalecimiento de la jurisdicción especial indígena. Además, señala los casos en que dichos territorios podrían entrar en funcionamiento, y regula temas como la delimitación, el censo poblacional y la capacidad jurídica.

Los territorios indígenas se podrían en funcionamiento cuando un resguardo constituido por el Incoder o su antecesor, el Incora, tenga sus linderos claramente identificados. Además, sería necesario que el resguardo haya iniciado un proceso de clarificación que permita determinar sus linderos.

Los resguardos podrían asociarse para administrar y ejecutar los recursos de la asignación especial del Sistema General de Participaciones, siempre y cuando acrediten los requisitos establecidos para ello.

Por su parte, al Gobierno le correspondería delimitar los territorios y elaborar los censos de sus habitantes. El procedimiento respectivo sería coordinado por el Incoder, con la participación del Instituto Geográfico Agustín Codazzi y el Dane.

Estas comunidades estarían gobernadas por consejos indígenas u otras estructuras colectivas similares, reglamentados según la ley de origen, derecho mayor o derecho propio, y ejercerían, dentro de su territorio, las competencias y funciones establecidas en la Constitución y las leyes.

Finalmente, el Ejecutivo propone que dichos territorios puedan crear instituciones de educación superior indígena, a través de sus autoridades, en el marco del Sistema Educativo Indígena Propio. Tales instituciones harían parte del territorio indígena que las crea, gozarían de personería jurídica y tendrían autonomía universitaria.

El ministerio no precisó una fecha límite para hacerle comentarios a la propuesta.