Gobierno anuncia aprobación de Conpes para superar crisis carcelaria

Tras una sesión del Consejo Nacional de Política Económica y Social (Conpes), el presidente Juan Manuel Santos anunció que se aprobó un documento que permitirá reducir el hacinamiento en cárceles y mejorar las condiciones humanas en los centros de reclusión.

Asimismo, se impulsarán políticas para dignificar al interno e impulsar su resocialización y reintegración a la vida civil. Sin embargo, se pretende racionalizar el uso de los centros de reclusión de forma que solo estén en la cárcel quienes tengan una condena.

“Tenemos 137 cárceles que pueden albergar a 77.000  reclusos, pero actualmente alojan a más de 118.000, es decir 41.000 personas más de las que pueden tener. Vamos a adecuar cupos actuales y a construir 19.000 cupos más”, anunció Santos.

Adicionalmente, se tiene previsto crear 557 salas de audiencias virtuales para resolver, desde las mismas cárceles, la situación jurídica de los reclusos.

De otro lado, se fortalecerá el capital humano en las prisiones para que cumplan mejor su trabajo y se mejorará la tecnología de seguridad y comunicaciones, incrementando los inhibidores de señal para celulares. Hoy hay solo 12 instrumentos como este de los 137 requeridos en las cárceles.

Precisamente, el factor de la señal y las comunicaciones pretende disminuir los índices de extorsión, pues se calcula que el 53% de extorsiones del país ocurren desde centros penitenciarios.

“Vamos a actuar con toda la contundencia contra quienes promuevan la extorsión (…) hay un plan para desarticular bandas que delinquen desde la cárcel”, advirtió Santos.

Finalmente, se plantea articular las políticas penitenciarias y carcelarias con la política criminal, pues más de la mitad de la población carcelaria es sindicada, no condenada.

“Solo debería ir a la cárcel quien revista peligrosidad o sea reincidente”, advirtió el jefe de Estado y agregó que acompañarán a los reclusos para que al recuperar su libertad encuentren trabajo y condiciones dignas.

El Conpes  parte del reconocimiento de cinco problemas: la necesidad de implementar acciones contra todo tipo de dinámicas delincuenciales, los problemas de gestión del sistema penal acusatorio, la importancia de implementar medidas de justicia restaurativa que permitan mayor protección a las víctimas, la urgencia de tener un sistema de víctimas del delito común, y la necesidad de una política penitenciaria que atienda la sobrepoblación carcelaria.