El Gobierno y Asonal Judicial fracasaron en un nuevo intento de llegar a un acuerdo para ponerle fin al paro de la administración de justicia, que ya cumple 20 días.

Según el Ministerio de Justicia, el Ejecutivo les propuso a los representantes y trabajadores de la Rama Judicial la destinación de más de un billón de pesos, con el fin de lograr la nivelación salarial que demandan los funcionarios.

Estos recursos, explicó, se destinarían desde el 1° de enero del próximo año, con la expedición inicial de 140.000 millones, para el 2013. “Así mismo, serían destinados en los años subsiguientes 200.000 millones de pesos por cada año, hasta completar el objetivo de reducir las brechas salariales mencionadas”, señaló el Ministerio.

La propuesta no fue aceptada por servidores judiciales, en una actitud que el Gobierno calificó como “inentendible”. “Han perdido los trabajadores y funcionarios de la Rama Judicial una oportunidad única e histórica de reducir, de una vez por todas, las desigualdades salariales que motivaron este cese de actividades”, sostuvo.

Por su parte, el ministro del Trabajo, Rafael Pardo, advirtió que, con el cese de actividades, podrían quedar en libertad personas “que están en proceso por presuntos delitos de alto impacto o alta peligrosidad”.

El ministro indicó que, hasta el momento, no se ha pensado en medidas de conmoción, pues se busca que quienes están en paro, entiendan “el daño que le están haciendo a la ciudadanía”.

“Las consecuencias nos preocupan mucho, porque hay decenas de miles de tutelas retenidas que no han podido desarrollarse. Tutelas que tienen que ver con salud, demandas de asistencia alimentaria, notificaciones”, advirtió.

Judicatura prepara plan de contingencia

La Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura realizará hoy una reunión extraordinaria, para adoptar un plan de contingencia frente al paro judicial.

En reunión con la ministra de Justicia, Ruth Stella Correa, se acordó la necesidad de adoptar algunas medidas urgentes, en especial sobre el control de garantías de las personas privadas de la libertad.