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Este el acuerdo entre Gobierno y Farc sobre justicia transicional
23 de Septiembre de 2015
Las delegaciones del Gobierno y las Farc llegaron a un acuerdo sobre justicia transicional, dentro de los diálogos de paz que se adelantan en La Habana (Cuba). Lo pactado hace parte del quinto punto sobre víctimas, del Acuerdo general para la terminación del conflicto, y contempla los siguientes aspectos.
- Se construirá un sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición. Se creará una comisión para el esclarecimiento de la verdad, la convivencia y la no repetición.
- Se creará una jurisdicción especial para la paz, que contará con salas de justicia y con un tribunal para la paz. Las salas y el tribunal estarán integrados principalmente por magistrados colombianos, y contarán con una participación minoritaria de extranjeros.
- De acuerdo con el DIH, a la terminación de las hostilidades, el Estado otorgará la amnistía más amplia posible por delitos políticos y conexos. Una ley precisará el alcance de la conexidad.
- No serán objeto de amnistía o indulto conductas tipificadas en la legislación nacional que correspondan con delitos de lesa humanidad, genocidio y los graves crímenes de guerra, entre otros delitos graves.
- La jurisdicción especial para la paz tendrá competencia respecto de todos los que de manera directa o indirecta hayan participado en el conflicto armado interno, incluyendo a las Farc y a los agentes del Estado, por los delitos cometidos en el contexto y en razón del conflicto, en especial respecto de los casos más graves y representativos.
- La jurisdicción especial para la paz contempla dos tipos de procedimientos: uno para quienes reconocen verdad y responsabilidad y otro para quienes no lo hacen o lo hacen tardíamente.
- Las sanciones que imponga el tribunal tendrán como finalidad esencial satisfacer los derechos de las víctimas y consolidar la paz y deberán tener la mayor función restaurativa y reparadora del daño causado. Los que reconozcan responsabilidades por delitos competencia del sistema tendrán restricción de libertades y derechos que garanticen cumplimiento de las funciones reparadoras y restauradoras, mediante la realización de trabajos, obras y actividades para satisfacer derechos de las víctimas. Quienes reconozcan delitos muy graves tendrán un mínimo de duración de cumplimiento de cinco años y un máximo de ocho de restricción de la libertad, en condiciones especiales. Las personas que hagan dicho reconocimiento tarde serán sancionadas con prisión de 5 a 8 años, en condiciones ordinarias. Quienes se nieguen a reconocer su responsabilidad y resulten culpables serán condenados a prisión hasta de 20 años, en condiciones ordinarias.
- Para acceder a cualquier tratamiento especial dentro de la jurisdicción especial para la paz será necesario aportar verdad plena, reparar a las víctimas y garantizar no repetición.
- En el caso de las Farc, la participación en el sistema integral estará sujeta a la dejación de armas, que deberá comenzar a más tardar a los 60 días luego de la firma del acuerdo final.
El presidente Juan Manuel Santos, luego de la lectura del comunicado, indicó que la firma del acuerdo definitivo de paz se concretaría en seis meses.
Lo acordado hasta hoy
Cabe recordar que, en septiembre del año pasado, el Presidente de la República hizo públicos los textos de los acuerdos logrados hasta esa fecha. Gobierno ratifica creación de comisión legislativa y que habrá refrendación
Durante una rueda de prensa en Nueva York, donde asistía al 69° periodo de sesiones ordinarias de la asamblea general de la ONU, el jefe de Estado dijo que revelar estos documentos era sinónimo de transparencia y que su objetivo es darle confianza a los colombianos con respecto al proceso. Los tres documentos se referían a reforma rural integral, participación en política y solución al problema de drogas ilícitas.
En febrero de este año se fijaron los lineamientos y reglas de funcionamiento de la subcomisio´n técnica para contribuir al análisis de experiencias, generación y discusión de iniciativas y propuestas sobre cese al fuego bilateral y dejación de armas.
En marzo se llegó a un acuerdo sobre limpieza y descontaminación del territorio de la presencia de minas antipersonal (MAP), artefactos explosivos improvisados (AEI) y municiones sin explotar (MUSE) o restos explosivos de guerra (REG) en general.
Así mismo, fue presentado el informe de la Comisión histórica del conflicto y sus víctimas, instancia que fue establecida en agosto del 2014, para contribuir a la comprensión de la complejidad del contexto histórico del conflicto interno y para proveer insumos a las delegaciones en la discusión de los diferentes puntos que están pendientes.
En junio pasado, las delegaciones acordaron que, una vez firmado el acuerdo final, se pondrá en marcha la comisión para el esclarecimiento de la verdad, la convivencia y la no repetición, la cual será un mecanismo independiente e imparcial de carácter extrajudicial.
Esta instancia deberá cumplir tres objetivos fundamentales: contribuir al esclarecimiento de lo ocurrido; promover y contribuir al reconocimiento de las víctimas y promover la convivencia en los territorios. La comisión tendrá una duración de tres años, incluyendo la elaboración del informe final. Por último, es de mencionar que podrá crear espacios, en especial audiencias públicas temáticas, con el fin de escuchar las diferentes voces, en primer lugar las de las víctimas.
Por otra parte, en julio de este año, las delegaciones deciden hacer los esfuerzos necesarios para llegar sin demoras a la firma del acuerdo final, para lo cual cambian la metodología por la de un trabajo técnico, continuo y simultáneo sobre los puntos centrales de la agenda. Para ello definieron un plan con metas preestablecidas.
En particular, acordaron los términos del cese al fuego y de hostilidades bilateral y definitivo y dejación de armas, incluyendo el sistema de monitoreo y verificación. Las Farc, como medida de desescalamiento, decidieron mantener la suspensión unilateral de todo tipo de acciones ofensivas.
Por su parte, el Ejecutivo, desde el 20 de julio, puso en marcha un proceso de desescalamiento de las acciones militares, en correspondencia con la suspensión de acciones ofensivas por parte del grupo guerrillero.
En agosto se llevó a cabo el primer encuentro de asesores jurídicos designados por cada una de las delegaciones para el tema de justicia, y continuó el trabajo de construcción de acuerdos en el sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición, del cual se conocen los resultados hoy
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