La minería ilegal, así como la extorsión y el tráfico de estupefacientes, proporciona recursos cuantiosos a grupos armados que someten a la población civil y amenazan la institucionalidad a través del terrorismo.

Así lo recordó el Ministerio de Minas y Energía (Minminas), al precisar que es necesario el endurecimiento de penas para quienes exploren y exploten minerales sin título minero, licencias o autorizaciones ambientales.

Sin embargo, como la actividad minera es realizada, en su gran mayoría, por mineros artesanales que, por diferentes circunstancias, no se han legalizado o formalizado, una medida en dicho sentido los afectaría.

Por lo tanto, para impedir su afectación, los tipos penales deben ser totalmente claros con respecto a la explotación de arena, material pétreo o de arrastre en los cauces y orillas de los ríos y los medios capaces de causar daño a los recursos naturales, advirtió.

De otro lado, la entidad recordó que el Gobierno ha expresado su interés de presentar un proyecto de ley para que no se ordene la destrucción de la maquinaria utilizada en actividades de minería ilegal, como lo dispone el Decreto 2235 del 2012, sino que esta sea confiscada, para entregarla a los entes territoriales donde se desarrolle dicha actividad, en beneficio de obras sociales.

Vale la pena recordar que, el año pasado, la Contraloría General de la República advirtió, por medio un informe sobre la explotación ilícita de recursos minerales en Colombia, que el diseño de la política minera, su aplicación, su desarrollo y la desnaturalización y baja capacidad de la institucionalidad minera y ambiental han propiciado, en gran medida, la minería ilegal.

Según la entidad, la ilegalidad minera, que llega a un 63 % y está concentrada en la explotación de oro, viene causando un elevado y preocupante impacto negativo sobre el medio ambiente.

El informe señala que el Estado no solo está lejos del minero y de su entorno, sino que su presencia es reemplazada fácilmente por grupos al margen de la ley, que otorgan “permisos”, cobran “impuestos”, imponen un orden social, sancionan y condenan con la fuerza de las armas, en total impunidad.

(Ministerio de Minas, Concepto 028535, mayo 7/14)

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