En las altas cortes se decidiría suerte del acuerdo de paz

 

En medio de la incertidumbre sobre el futuro de los acuerdos de paz, los negociadores del Gobierno viajaron este viernes a Cuba para reunirse con las Farc y analizar las propuestas recibidas de los representantes de la opción del No al plebiscito para la paz. Por su parte, el presidente Juan Manuel Santos manifestó que hay muchas que son razonables; sin embargo, agregó que hay otras inviables, palabras que generaron molestia en el uribismo.

 

Posturas de Santos tras el No en el plebiscito

 

Luego de conocerse la inesperada victoria del No en las votaciones del plebiscito que buscaba refrendar los acuerdos logrados entre el Gobierno y las Farc en La Habana (Cuba), el presidente Juan Manuel Santos se mostró abierto a escuchar a los detractores del acuerdo final.

 

La posición del mandatario fue clara, apertura total al dialogo con las diferentes fuerzas políticas, en particular con las que promovieron el No en las urnas, “para escucharlas, abrir espacios y determinar el camino a seguir”, según las propias palabras del mandatario en su alocución presidencial en la noche de ese 2 de octubre.

 

Esa misma semana Santos sostuvo reuniones con los expresidentes Álvaro Uribe y Andrés Pastrana, el exprocurador Alejandro Ordóñez y la exministra Martha Lucía Ramírez, con el fin de buscar un acuerdo nuevo para plantear a las Farc. (Lea: Estas son las propuestas de los líderes del No para renegociar el acuerdo de paz)

 

Tras esos primeros encuentros, el jefe de Estado indicó que había temas u objeciones donde, más que diferencias, existían malentendidos, y que justamente por la vía del dialogo se podían aclarar muchos de ellos.

 

Entonces, el Presidente designó negociadores de parte del Ejecutivo para profundizar en las conversaciones con los promotores del No y recibir propuesta concretas para ser analizadas y discutidas, posteriormente, entre el Gobierno y el grupo guerrillero.

 

En su momento hizo un llamado para que el diálogo fuera fructífero, que se no se presentaran propuestas “imposibles” y que se partiera de dos bases, a su juicio, fundamentales: “realismo y verdad”, pero siempre manteniendo su postura de recepción ante las diferentes posturas y buen ambiente para poder avanzar a la mayor brevedad.

 

Es de resaltar que las reuniones y recepción de sugerencias fueron con varios sectores, que incluyeron organizaciones ciudadanas y juveniles, representantes de víctimas y pastores de iglesias, para avanzar en lo que llamó Santos “pacto nacional para la paz”.

 

Al anunciar el viaje de los negociadores del Gobierno para llevar las propuestas a los representantes de las Farc en Cuba, Santos indicó que es con la juridicidad como se va a sacar adelante el acuerdo de paz. Afirmó que se buscaría una salida entre las alternativas que ofrecen las leyes y la propia Constitución, incluidas las sentencias de la Corte Constitucional.

 

En la noche de este jueves, al terminarse el plazo para la recibir las propuestas, el mandatario precisó que hay muchas que coinciden y son razonables, otras difíciles, pero no imposibles, y otras que calificó de inviables “porque parten de la base por ejemplo de que no hay conflicto que solucionar y que, por consiguiente, no se pueden aplicar ni el derecho internacional humanitario ni la justicia transicional que se creó precisamente para ayudar a resolver los conflictos armados”. 

 

Rechazo del Centro Democrático

 

Ante este último pronunciamiento del Presidente, los representantes del Centro Democrático, Óscar Iván Zuluaga, Iván Duque y Carlos Holmes Trujillo, rechazaron las palabras del mandatario y las tildaron de desafiantes para quienes no aprobaron los acuerdos con las Farc. (Lea: Colombianos rechazaron lo pactado con las Farc, ¿qué viene después del No?)

 

Aduciendo que está intentando desconocer los resultados del plebiscito, advirtieron que están preparados para “la batalla política”, reafirmando nuevamente que lo que le conviene al país es el acuerdo nacional para la paz.

 

Propuesta de cabildo abierto

 

En medio del panorama incierto, ha sorprendido la propuesta del expresidente de la Corte Constitucional, Eduardo Cifuentes, quien propuso Cabildo abierto para refrendar los acuerdos de paz, dice que son los ciudadanos y no tres mesas de notables quienes deben decidir sobre la paz en Colombia.

 

Así, sería necesario recoger una gran cantidad de firmas del censo electoral de cada municipio. Exactamente se requiere el 5 X 1.000 del censo para que el concejo se transforme en un cabildo abierto.

 

Estrategias jurídicas

 

Ante la incertidumbre sobre lo que pueda pasar con los acuerdos con las Farc, es oportuno recordar que en manos de la Sala Plena del Corte Constitucional está la revisión exhaustiva de algunas acciones jurídicas relacionadas con el futuro constitucional y legal del marco normativo que buscaría alcanzar la paz entre el Gobierno y la guerrilla, presentadas con anterioridad a las votaciones del pasado 2 de octubre.

 

Acción pública de inconstitucionalidad

 

Acto Legislativo para la Paz

 

El Centro Democrático radicó una acción de inconstitucionalidad contra el Acto Legislativo para la Paz, la cual sostiene, principalmente, que dicha reforma representa una sustitución de la Carta Política, además de “presentar vicios que afectan su validez y ponen en peligro el orden institucional del país”.

 

Proceso legislativo exprés

 

Se ataca la expresión “los actos legislativos serán tramitados en una sola  vuelta de cuatro debates”, contenida en el literal f) del artículo 1° del Acto Legislativo 01 del 2016, así como otros apartes en relación a este término.

 

Para el demandante, el procedimiento legislativo para la paz reduce de ocho debates, que es lo previsto en el artículo 375 de la Constitución Política, a cuatro los requeridos para que un acto legislativo sea aprobado, trayendo como consecuencia la “improvisación y ligereza en el análisis que viene caracterizando la producción normativa del Congreso en el último tiempo”.

 

La palabra “acuerdo”

 

El exfiscal Luis Eduardo Montealegre radicó una demanda ante la Corte Constitucional con el propósito de lograr la exequibilidad condicionada de la expresión “acuerdo”, contenida en el acuerdo general para la terminación del conflicto entre las Farc y el Gobierno.

 

Según la acción, los arreglos temáticos alcanzados entre las partes y la negociación final son acuerdos especiales a la luz del derecho internacional humanitario y, por esa razón, hacen parte del bloque de constitucionalidad; además, deben entenderse como acuerdos especiales en virtud del artículo 3º  común de los Convenios de Ginebra.

 

Zonas veredales

 

El concejal Diego Molano pretende la declaratoria de inexequibilidad de varias disposiciones y expresiones de las leyes 1779 del 2016 y 160 de 1994, así como del Decreto 1777 de 1996.

 

Según el concepto de Molano, los diferentes factores que deben ser regulados por los componentes rurales de los planes de ordenamiento territorial se verían afectados con el establecimiento de dichas zonas, por cuanto se quebrantarían los principios de descentralización administrativa y autonomía de las entidades territoriales.

 

Acción de nulidad

Decreto que convocó al plebiscito

 

Se trata de una acción de nulidad presentada por la senadora Paloma Valencia Laserna en contra del Decreto 1391 del 2016, que convocó para el 2 de octubre el plebiscito para refrendar el acuerdo final de paz entre el Gobierno y las Farc.

 

Pregunta del plebiscito

 

Una acción de nulidad por inconstitucionalidad contra la palabra “paz” incluida en la pregunta del artículo primero del Decreto 1391, “Por el cual se convoca a un plebiscito y se dictan otras disposiciones”. La Sección Quinta del Consejo de Estado determinó que esa corporación no era competente para un análisis de fondo.

 

Blindaje jurídico para la paz

 

El exprocurador Alejandro Ordóñez interpuso una demanda en la que se solicitaba la nulidad de los numerales V y VI del acuerdo que blinda jurídicamente el proceso de la paz de La Habana.

 

Es necesario recordar que el texto de este acuerdo fue dado a conocer en el comunicado No. 69, del 12 de mayo del 2016, expedido por las delegaciones del Gobierno y de las Farc.

 

Instalación de la mesa de negociación con las Farc

 

La Sección Primera negó la nulidad de la Resolución 339 del 2012, que autorizó la instalación y desarrollo de la mesa de diálogo con las Farc, así como de la Resolución 108 del 2015, que negó la revocatoria del acto administrativo antes citado, ambos acusados de haber sido expedidos con falsa motivación.

 

El demandante sostenía, por una parte, que dejar por fuera al grupo armado organizado al margen de la ley ELN atentaba contra la paz y que el Presidente de la República decía buscar los diálogos pero los actos de terrorismo que ocurrieron después del nacimiento a la vida jurídica de las resoluciones demandadas demostraban la falta de compromiso de las Farc.