El debate que ha generado en la comunidad jurídica el cese de actividades en materia civil

En este punto Asonal Judicial sostiene que si bien se pretende aliviar la carga laboral de estos funcionarios, quitándole  funciones administrativas, lo que se hace en realidad es una transferencia de funciones exclusivamente jurisdiccionales a  oficinas administrativas, como la elaboración de oficios, avisos, edictos, estados, despachos comisorios, control de términos, orden y entrega de depósitos judiciales, recepción e ingreso de memoriales.

El Consejo Superior  afirma que con la expedición del Acuerdo PSAA15-10445 del 2015 la Sala Administrativa dio cumplimiento al plan de implementación del Código General del Proceso previsto en su artículo 618, razón por la cual señaló que el propio legislador es el que estableció como componentes el nuevo modelo de gestión la estructura interna y el funcionamiento de los despachos judiciales.

El sindicato cuestiona que de los juzgados civiles y de familia se trasladarían los cargos de secretarios, asistentes judiciales grado 6, escribientes, auxiliares judiciales grado 3 y citadores, lo que no ofrece ningún tipo de garantía laboral para estos funcionarios.

Así mismo, se ataca la asignación de personal del artículo 23 del mencionado acuerdo, que establecería estructuras flexibles de personal y permitiría cambios, supresiones y reformas de este tipo de plantas.

Es vehemente el pronunciamiento de la alta corporación al afirmar que en ningún momento se suprimió cargo alguno, ni se modificó su denominación o régimen salarial con la expedición del acuerdo en cuestión.

Motivo por el cual aclaró que en el nuevo modelo de oralidad el juez  tiene funciones propiamente judiciales, lo que lleva al traslado de su despacho de los cargos que cumplen funciones eminentemente administrativas a los centros de servicios, “sin que se hayan asignado a los mismos funciones de carácter jurisdiccional, que constitucional y legalmente son propias de los funcionarios judiciales”.

Es claro el descontento del sindicato cuando afirma que la justicia civil se estaría convirtiendo en una especie de “empresa o fábrica de mercancías”.

Según el pronunciamiento, el Acuerdo PSAA15-10445 pretende importar a la Rama Judicial una serie de  modelos, procedimientos, trámites y gestiones con una clara inspiración privatista, que desconoce el profundo sentido social y humano que constituye la razón de ser de la función judicial.

La Sala Administrativa mencionó que desde hace más de 10 años se crearon con el Acuerdo 1856 del 2003 los centros de servicios y oficinas de apoyo y se establecieron como pilotos en Florencia (Acuerdo PSAA11-8703), Manizales (PSAA11-8704), Montería (PSAA11-8705), Valledupar (PSAA12-9184), Armenia (PSAA13-9885) y Bogotá (PSAA03-1856).

Igualmente, afirmó que las experiencias recogidas en estas ciudades fueron positivas y que sirvieron de insumo para la reglamentación fijada en el Acuerdo PSAA15-10445

Sobre la estructura administrativa del nuevo sistema procesal, se discute la creación de nueve áreas de gestión y un sinnúmero de nuevos puestos de dirección.

Así, dice Asonal, la responsabilidad en estos centros se tornaría difusa y quedaría en manos de empleados administrativos, ejecutores o administradores que “ni si quiera cuentan con título profesional de abogado y que por ende desconocen la naturaleza y funcionamiento de la labor judicial”.

El órgano de la Rama Judicial sostiene que para tranquilidad de la comunidad judicial se estableció una autoridad netamente administrativa con el fin de superar problemáticas presentadas con los servidores judiciales de los centros de servicios que han venido funcionando como pilotos, entre las cuales se pueden citar: la falta de celeridad en la competencia para otorgar permisos; licencias; vacaciones; adelantar procesos disciplinarios; realizar calificaciones de servicios.

Se debate que el juez no tenga a su cargo sustanciadores de confianza en su despacho con quienes tiene una dinámica de trabajo y una comunicación fluida, que tienen como propósito darle efectividad y agilidad a las acciones de tutela que llegan a su conocimiento.

“Resulta que ahora el juez debe apoyarse en un grupo disímil y por demás desconocido de sustanciadores”, precisa el sindicato.

Muy por el contrario piensa el Consejo Superior al aclarar que se dispuso que el respectivo comité de coordinación, seguimiento y control conformado será el que establezca si los centros de servicios judiciales podrán contar con un área de apoyo a la sustanciación de acciones constitucionales de los jueces.

“La existencia de dicha área en los centros será con carácter meramente facultativo, por cuanto dependerá de la decisión que adopte el respectivo comité”.

Por último, se pone de manifiesto la inconformidad con los centros de servicios no solamente de parte de los empleados de la Rama Judicial, sino de los jueces de origen, litigantes y de los usuarios, que deben padecer diariamente las demoras, ineficiencia, conflictos de autoridad entre jueces y empleados administrativos.

El Consejo Superior  reitera que el Acuerdo PSAA15-10445, que definió la estructura  general de los centros de servicios judiciales para los juzgados civiles y de familia, obedece al estricto cumplimiento de la incorporación de la oralidad como principio general para la función judicial, impuesta  por el legislador en el artículo 4 de la Ley 270 de 1996 y en el artículo 618 del Código General del Proceso.