General
El 10% de los municipios presenta riesgo de violaciones de DD HH por cuenta del conflicto
09 de Septiembre de 2014
A través del Sistema de Alertas Tempranas (SAT), la Defensoría del Pueblo emitió, entre septiembre del 2013 y agosto del 2014, un total de 56 documentos de advertencia, que corresponden a 35 informes de riesgo y 21 notas de seguimiento, para 93 municipios de 24 departamentos.
Así lo señaló la entidad, al advertir sobre el riesgo que enfrenta un centenar de municipios por cuenta del accionar de los grupos armados ilegales, particularmente de grupos guerrilleros y de los conformados después de la desmovilización de las autodefensas.
De acuerdo con el SAT, las minorías étnicas son las más afectadas por el conflicto, especialmente las comunidades indígenas, con 25 documentos de advertencia, y la población afrocolombiana, con 13 situaciones riesgo. En estos casos, los principales actores armados generadores de amenazas son las FARC y las autodefensas.
En el último año, esos grupos armados ilegales aparecen reportados en 42 situaciones de riesgo. Esta categoría agrupa a las estructuras armadas conformadas por reductos de las AUC no desmovilizados y desmovilizados que retomaron las armas o nuevos integrantes de esas organizaciones.
Entre los grupos armados figuran Las Águilas Negras, Los Paisas, Los Gaitanistas o Urabeños, Los Rastrojos, el Bloque Meta y Libertadores del Vichada, cuyas acciones se registran con mayor incidencia en Chocó, Valle del Cauca, Nariño, Risaralda, Caldas, Antioquia, Arauca, Guaviare, Bolívar, Córdoba, Meta, Norte de Santander, La Guajira, Santander, Tolima, San Andrés y Cundinamarca.
En cuanto a las FARC, se identificaron 42 situaciones de riesgo, particularmente en Chocó, Valle del Cauca, Cauca, Nariño, Antioquia, Norte de Santander, Arauca, Boyacá, Casanare, Meta, Guaviare, Vichada, Caquetá, Tolima, Huila, Cundinamarca, Risaralda, Santander, Bolívar y Amazonas.
Según la Defensoría, a medida que aumentan su control en un determinado territorio, estos grupos incrementan su participación en las principales economías ilegales, particularmente en la siembra de cultivos ilícitos, el procesamiento y tráfico de narcóticos y la minería ilegal.
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