Dignatarios de Corte Suprema objetan creación de Tribunal de Aforados

Aunque el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Luis Gabriel Miranda, aclaró que es  inexacto concluir que los órganos de cierre del poder judicial se opongan a la creación de un Tribunal de Aforados, en reemplazo de la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes, aseguró que es partidario de que se mantenga el sistema actual, pero con mejoras.

Miranda precisó que la ausencia de resultados en la función jurisdiccional que ejerce el Congreso radica en la falta de herramientas, y precisó que los dineros que se destinarían a la financiación del nuevo órgano judicial servirían para dotar al Legislativo de los elementos de los que ahora carece.

“La Corte considera que el sistema actual debe mantenerse, pero fortaleciendo la Comisión de Acusaciones, cuya inoperancia e ineficiencia ha sido justamente por la falta de las herramientas necesarias para un correcto funcionamiento. Consideramos que nada se opone a que esa Comisión se fortalezca. Los dineros que demande el Tribunal de Aforados bien pueden ser utilizados para darle dientes a la Comisión”, aseguró.

El funcionario indicó que, de entrar en funcionamiento ese tribunal, se les debe reconocer un fuero de inviolabilidad a las decisiones judiciales, a menos que hayan sido generadas por actuaciones corruptas.

Por su parte, el vicepresidente de la Corte, Leonidas Bustos, aclaró que las objeciones radican en una preocupación por el hecho de que los magistrados de las altas cortes terminen perdiendo el fuero del que gozan en la actualidad, a la hora de ser sometidos al control jurisdiccional.

“De ninguna manera la Corte se opone a que sus magistrados sean investigados. En un Estado de derecho no puede haber ningún funcionario excluido del imperio de la ley. Nos preocupamos muchísimo acerca de la probable supresión del fuero en favor de los magistrados”, precisó.

Añadió que la invitación es a que los legisladores reflexionen acerca de los peligros que generaría un nuevo mecanismo de juzgamiento que no reconozca dicho fuero y, por tanto, pueda convertirse en el vehículo de la animadversión que lleguen a generar las decisiones de los órganos de cierre en contra de congresistas, oficiales o incluso el Presidente de la República.

Según Bustos, es la capacidad de la Corte para investigar las conductas de funcionarios con poder de incidir en ciertas esferas de la sociedad lo que marcaría la probable impopularidad de sus decisiones. De ahí el riesgo al que quedarán expuestos los magistrados, si no se mantienen esas garantías, anotó.

“No creo que se hubiera podido investigar, juzgar y sancionar el tema del fenómeno paramilitar y su vinculación con la política, si la Corte no hubiera tenido ese fuero (…). No hubiera podido la Corte Constitucional dejar sin efectos el sistema del UPAC, que lesionó enormemente los intereses privados, si no hubiera tenido el fuero”.

El vicepresidente subrayó que son las decisiones de las altas cortes las que establecen el precedente en los distintos campos en los que opera el sistema jurisdiccional. Y sin el mantenimiento del fuero, se podría trasladar ese poder al órgano que, en el futuro, se encargare de investigar y juzgar a los integrantes de la cortes, subrayó.